vía El Economista.
Desde hace meses, el gobierno de la Ciudad de México ha venido trabajando en una iniciativa para obligar a que todas las empresas de telecomunicaciones inviertan en ductos para que su cableado sea subterráneo y no cuelgue de los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Telmex.
El motivo, dicen, es resolver la contaminación visual que el cableado aéreo representa. Hasta ahí se puede estar de acuerdo.
El problema, sin embargo, es mucho más complejo; tanto desde el punto de vista de la inversión que se requeriría por parte de las empresas concesionarias como desde la perspectiva constitucional y del modelo del Estado Regulador. Sobre el primer tema, remito al lector al magnífico análisis de Ernesto Piedras publicado en El Economista el pasado jueves. De acuerdo con su artículo, el costo de migrar la infraestructura aérea de telecomunicaciones al subsuelo sería de $3.3 millones de pesos por kilómetro; suma que podría superar los $46 mil millones de pesos si tomamos en cuenta los 14 mil kilómetros que se necesitaría abarcar. Sin duda, esto implicaría un incremento considerable en el precio de los servicios de telecomunicaciones, que de acuerdo con la Constitución constituyen ya un derecho humano.
Desde el punto de vista jurídico, la Ciudad de México (CDMX) y todas las demás entidades federativas carecen de facultades para legislar sobre el subsuelo o el espacio aéreo. Estas atribuciones son exclusivas de la federación de conformidad con el artículo 27 constitucional. Además, sólo el Congreso de la Unión puede legislar en materia de vías generales de comunicación y corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la regulación de las redes públicas de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones en general.
Los artículos 73, fracción XVII, de la Constitución; 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y 4 y 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de manera expresa establecen que son de jurisdicción federal las vías generales de comunicación, la obra civil y los derechos de paso, uso o vía, asociados a redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios que en ella se presten.
En un ataque de sinceridad, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reconoció hace algunos días que el verdadero objetivo de esta pretensión es fortalecer la recaudación local mediante el pago de derechos por permitir el soterramiento de redes que pretenden imponer. Quizá José Merino, su titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, le pueda explicar (si es que lo sabe) que el artículo 5 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión expresamente señala que “no podrán imponerse contribuciones u otras contraprestaciones económicas adicionales a las que el concesionaria haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar su infraestructura”. También debería saber que de conformidad con la legislación fiscal los derechos son contribuciones.
Leer no hace daño, así es que la burocracia de la CDMX podría tomarse treinta segundos para leer el cuarto párrafo del mismo artículo y enterarse de que “los Estados, los Municipios y el Gobierno del Distrito Federal [hoy CDMX] en el ámbito de sus atribuciones, colaborarán y otorgarán facilidades para la instalación y despliegue de infraestructura y provisión de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión. En ningún caso se podrá restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión…”.
Además, habría que preguntar por qué Sheinbaum pretende obligar a las empresas de telecomunicaciones a enterrar sus redes y no lo hace con la red eléctrica de la CFE. La lógica de la contaminación visual y la protección civil es exactamente la misma. ¿Será que sólo se trata de recaudar más para llenar sobres amarillos con aportaciones del pueblo bueno? De no ser así, se puede planear el soterramiento a mediano plazo mediante acuerdos entre la industria, el IFT, la CFE y el gobierno de la CDMX, o bien buscar alternativas de inversión como podrían ser las asociaciones público privadas o las Fibras. ¿Se puede eliminar la contaminación visual? Sí, pero a mediano plazo y de manera inteligente; no mediante imposiciones caprichosas e inconstitucionales.
