2019-04-24
Desde marzo de 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ordenó al Agente Económico Preponderante en el sector de Telecomunicaciones (AEP-T), el desarrollo e implementación de un Sistema Electrónico de Gestión (SEG). De acuerdo con la Resolución P/IFT/EXT/060314/76 del Pleno del IFT, este sistema parecía una herramienta tecnológica innovadora e integral, que supuestamente permitiría a los concesionarios no preponderantes, identificar de manera sencilla y rápida la infraestructura, enlaces y demás elementos de la red de Telmex y de su grupo de interés económico, para que aquellos pudieran solicitar y obtener acceso a la que requirieran utilizar para sus respectivos modelos de negocio.
Desde luego, los operadores usuarios de la plataforma pagarían los costos correspondientes al uso o arrendamiento de la infraestructura a la que solicitaran el acceso, y además retribuirían al AEP-T los costos inherentes a la implementación y manejo del SEG, como lo habría de definir un Comité Técnico. Si bien habría que realizar algunas inversiones, tanto en tiempo como en dinero (pues se le concedieron a Telmex más de 2 años para su implementación y carga de información), parecía que este último esfuerzo valdría la pena con tal de que finalmente los competidores pudieran acceder en términos transparentes y equilibrados a la red más extensa del país. Tal como el SEG fue inicialmente descrito por el IFT, daba la impresión de que prácticamente con un simple usuario y su respectiva contraseña, los concesionarios no preponderantes estarían “a un click” de armar la infraestructura de sus sueños, sin tener que pagar por tramos o servicios que no requirieran.
Naturalmente, el objetivo del SEG era facilitar la implementación de varias de las medidas asimétricas que se impusieron a Telmex y su grupo, como la desagregación de su red local, y en consecuencia lograr la eliminación de barreras a la entrada y la desconcentración general del sector, en beneficio último de los consumidores.
Desafortunadamente, a más de 5 años de la llamada Resolución de Preponderancia del IFT, las críticas de la industria describen al SEG de tal manera que me recuerda más al sistema operativo MS-DOS que utilizábamos por allá en la década de los noventas, que a la plataforma integral, transparente, segura, de vanguardia, de interfaz intuitiva y amigable, y disponible 24/7 que nos habían prometido. Las quejas de los usuarios van desde pestañas que simplemente no funcionan, por lo que no es posible enviar la solicitud de acceso a un enlace o a un servicio, hasta reclamos porque la información sobre la disponibilidad de la infraestructura es incorrecta, insuficiente o confusa. Ante las fallas en el SEG, los concesionarios deben comunicarse vía telefónica con los ejecutivos asignados por Telmex, que parecen tener un guión predeterminado de respuesta, plagado de trabas y condiciones, que nunca conduce a un “Sí, su solicitud se ha concluido de manera exitosa.”
En una era en la que casi cualquiera puede diseñar su propia app, para ofrecer servicios y productos de toda clase a través de la tecnología, es increíble que el propio AEP-T no pueda operar una plataforma como el SEG de manera eficiente, sobretodo si tiene todos los incentivos para mantener las deficiencias en su operación y entorpecer la desagregación de su red tanto como le sea posible.
El IFT, por su parte, ha limitado el alcance de la supervisión del cumplimiento de las medidas asimétricas relacionadas con el SEG, y lejos de implementar una estrategia sólida de verificación empírica del funcionamiento del sistema, concentra sus energías en enviar requerimientos trimestrales a los concesionarios no preponderantes; eso sí, con su respectivo apercibimiento de multa en caso de que no lo desahoguen en tiempo y forma.
Así, la operación del SEG, lejos de contribuir a la competencia efectiva en el sector, de la manera en la que se había prospectado, se ha vuelto más bien una carga para los competidores y nuevos entrantes, quienes se ven obligados a invertir recursos humanos y materiales en superar las trabas que les genera. Esperemos que el IFT considere la seriedad de este problema, a la luz de la consulta pública actualmente en proceso, sobre la efectividad de las medidas de preponderancia en el sector de las telecomunicaciones.
