vía El sol de México.
Estos días se ha criticado por diversos expertos el rescate que hizo el Gobierno Federal respecto de la empresa Altan Redes que estaba en quiebra, que era la encargada de operar la Red Compartida, se estima que de entrada tendrá un costo de 161 millones de dólares que deberemos pagar los contribuyentes, la justificación fue lograr llevar internet para todos, particularmente a localidades rurales y remotas.
Cualquier política pública gravita entre opciones que se sopesan y en este caso ganó la proclama “primero los pobres”, se argumentó que: “Si quebraba esta empresa nos afectaba mucho en el propósito de comunicar a México con internet a todos los pueblos…Altán ahora pertenece a la nación y es de las y los mexicanos”; sin duda alguna, pero también será de los mexicanos la deuda.
Si el Gobierno decidió hacer suya una empresa de telecomunicaciones, ahora debe procurar que funcione, sea eficiente y competitiva (lo que no logró Altan), de tal manera que tendrá que evaluar el estado general que guarda el proyecto y reestructurarlo, por lo que es posible que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modifique nuevamente los objetivos de cobertura del proyecto e incluso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue nuevos y mayores beneficios fiscales en el pago de derechos del espectro, lo que podría darse en el paquete económico de septiembre próximo.
Otro aspecto que resulta esencial es colocar al frente del “rescate” a personal capacitado y experto en el manejo de un operador de telecomunicaciones, se debe tener presente al nombrar a los nuevos directivos, el carácter neutral de la Red Compartida a que se refiere la Constitución cuando ordena que se “asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red”, además de que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión refiere que “deberán sujetarse a principios de neutralidad a la competencia”, por lo que seguramente el sector estará muy al tanto de quiénes serán los nuevos directivos.
Si en la “nueva era” de la Red Compartida no se respeta la neutralidad como operador mayorista y empieza a notarse inclinaciones indebidas, seguramente habrá una judicialización donde los operadores tendrán la posibilidad de ampararse solicitando la suspensión, y que ésta se les conceda ya que no son actos del IFT. Ni que decir, el impacto que tiene en las inversiones del sector y posibles violaciones a tratados internacionales.
Lo que resulta extraño, es que exista una tendencia hacia el retorno de las empresas estatales, modelo que no funcionó y luego se tuvo que recurrir a la privatización; por más finalidad social y buena fe que pueda existir, el modelo de la Red fue diseñado para coexistir inversión pública y privada, no una mayoría estatal. A todos nos interesa que las comunidades alejadas estén comunicadas, para lograrlo se requiere visión y planeación, no regresar al pasado.