La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, conocida por sus siglas “OCDE”, presentó hace unos días, con bombo y platillo, la segunda entrega de su análisis sobre el sector de las telecomunicaciones de nuestro país.
En efecto, el “Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017”, da continuidad al trabajo que el organismo internacional inició, con su correlativo análisis, dado a conocer en el 2012, respecto de un sector que ha sufrido cambios importantes en años recientes, producto de una amplia reforma a la Constitución Federal en esta materia, impulsada por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Dicha reforma incluyó la creación de un nuevo marco jurídico “convergente”, así como un complejo e intrincado arreglo institucional, en el que un nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o “IFT”, figura como su eje primordial.
El estudio de la OCDE es un documento que tiene que analizarse a detalle, ya que el organismo, liderado por un connacional, ha demostrado tener un singular peso específico en el ánimo de nuestras autoridades. Por ello, ante esta influencia que muchas veces se asemeja a la que ejercen los profesores con sus alumnos, lo escrito y publicado por la OCDE debe desgranarse para lograr un entendimiento básico y, posteriormente, para ser contrastado con la realidad.
Una de las notas distintivas del estudio, para muchos actores negativa y sorpresiva, fue la recomendación del organismo para permitir al agente preponderante de las telecomunicaciones en el país (América Móvil, que comprende a los principales operadores, Telmex y Telcel), su ingreso al mercado de los servicios públicos de televisión, mismo que tiene expresamente vedado desde su proceso de privatización en 1990.
La recomendación sorprende, ya que en el análisis del organismo se reconoce expresamente que el nivel de competencia en el sector de las telecomunicaciones, aún dista de ser óptimo. Asimismo, se da cuenta que las medidas que le fueron impuestas a este poderoso conglomerado, tanto en el ámbito regulatorio como en el legislativo, a pesar de estar orientadas en el camino correcto, todavía no se materializan en hechos que permitan advertir un cambio en la trayectoria de excesiva concentración, y consecuente déficit de competencia, en los mercados de telecomunicaciones de México.
El profesor, para arribar a su conclusión proconvergencia total de servicios a favor de Telmex y Telcel, convierte en ley una mera hipótesis. En efecto, la OCDE asume que la hipótesis consistente en la separación funcional recientemente decretada por el IFT, que tiene por objeto separar los servicios mayoristas del agente preponderante respecto de su operación minorista, rendirá frutos tan importantes que se convertirá en la panacea, para lograr lo que durante más de dos décadas se ha buscado sin éxito: llevar la influencia y participación de mercado de este conglomerado a niveles aceptables respecto de lo observado en otros países.
La “recomendación” de la OCDE debe verse con toda reserva, sobre todo atendiendo a la inusitada flexibilidad con la cual el organismo pretende que hoy se libere algo, sin haberse definido, siquiera, los términos del supuesto remedio, la separación funcional. Lo importante será que la discusión derivada del estudio se nutra con base en hechos, y no en supuestos que, por lo visto, tuvieron como fuente dichos halagüeños y no actos y hechos concretos. Veremos.
