2019-11-12
El jueves pasado, el presidente de la República sorprendió a los concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión, a quienes, reunidos en la 60° asamblea de su cámara empresarial, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), les anunció una revisión tendiente a reducir los ‘tiempos oficiales’.
El tema ha generado mucha expectativa, pero también alguna confusión, por lo que hay que explicar que los llamados ‘tiempos oficiales’ en realidad no existen. Más bien es un término genérico que se utiliza para englobar a las tres “bolsas” de tiempo a que el Estado mexicanotiene acceso de manera gratuita en todas las estaciones de radio y TV del país:
1.- Tiempos de Estado:
Estos son 30 minutos diarios —y gratuitos— en cada canal de TV y en cada estación de radio. Esta bolsa de tiempos data de la Ley Federal de Radio y TV de 1960, misma que sigue estando en la vigente Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.
2.- Tiempos Fiscales:
Estos fueron un castigo fiscal que el régimen del presidente Gustavo Díaz Ordaz impuso a la radiodifusión por la cobertura que hizo de los eventos del 2 de octubre de 1968. Su la radiodifusión por la cobertura que hizo de los eventos del 2 de octubre de 1968. Su instrumentador fue Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación. La represalia a los medios de comunicación electrónicos fue una ley que estableció varios impuestos y que se publicó el 31 de diciembre de 1968. En ésta, toda la radiodifusión tenía que pagar un impuesto de 25% sobre el importe total que recibiera de los pagos provenientes de sus anunciantes, lo que en los hechos era hacer inviable a toda la industria, pues además de los impuestos regulares, tendría que pagar uno de 25% sobre sus ventas brutas.
El Congreso de aquel entonces, de mayoría priista, dio seis meses de plazo para iniciar el cobro del impuesto, con lo que iniciaron las negociaciones entre Echeverría y la CIRT. De éstas ha dado cuenta el History Channel en su serial Gigantes de México/ Emilio Azcárraga Milmo y también el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien en sus memorias señaló que todo fue una estrategia de negociación: “Un impuesto muy elevado sobre los ingresos de las empresas… una vez establecido este impuesto, podríamos negociar con estos medios…”, lo que Echeverría capitalizó, a su vez, para su campaña presidencial que estaba por iniciar.
Justo el día que iniciaba el cobro del impuesto de 25%, el 1 de julio de 1969, el gobierno, fruto de las “negociaciones”, cambió la modalidad para que en lugar de un impuesto en efectivo fuera uno en especie: la radio y la TV le tendrían que dar al gobierno, diariamente, 12.5% del total de sus transmisiones, ya fuera en spots o en programas. Esto entró en vigor en julio de 1969.
Vicente Fox, en 2002, modificó el Decreto de 1969 para que, en lugar de cobrar 12.5% del total de las transmisiones, se cobrara únicamente 12.5% del total de los tiempos comercializables, lo que era lógico pues un impuesto se paga sobre ingresos, no sobre programación. Así que, bajo este concepto, vienen pagando, dado el distinto porcentaje que tienen autorizado para comercialización: 18 minutos diarios los canales de TV y 35 minutos las estaciones de radio. Estos tiempos se suman, en adición, a los Tiempos de Estado.
3.- Tiempos Electorales:
Cuando hay elecciones federales o estatales hay una tercera “bolsa” que asigna 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de TV para el uso de los partidos políticos y autoridades electorales. Esta “bolsa” se estableció en la Constitución y data de 2007.
Todas las “bolsas” arriba descritas no son sustituto de los pagos (contraprestación) que los concesionarios hacen en efectivo a la Tesorería de la Federación por el uso de las frecuencias asignadas.
Reducir estos tiempos no les dará mayores ingresos, pues éstos no cuentan para el tope comercial de cada estación. Pero sí ayudarían a que las audiencias en México tuvieran menos “espoteo” absurdo de autoridades, lo que las aleja. El tema de años ha sido crucial para las estaciones mexicanas en la frontera norte, pues es común que la audiencia fronteriza prefiera sintonizar a las estaciones americanas que no tienen tanto “espoteo”, pero en años recientes, ante el surgimiento de plataformas extranjeras que no traen aparejados casi ningún tipo de anuncios (YouTube, Spotify, Netflix, Amazon) ha surgido una competencia injusta con la radiodifusión mexicana que pone en riesgo su viabilidad económica y la de cientos de miles de trabajadores mexicanos.
El presidente de la República puede cambiar, con el aval del Congreso, las bolsas de los Tiempos Electorales y de los Tiempos de Estado. Pero mediante decreto podría, unilateralmente, modificar los Tiempos Fiscales.
Hacerlo sería una buena noticia, pero apenas y regresaría a la radiodifusión a su regulación previa a 1968. Sin lugar a dudas, es un buen gesto del Presidente la intención, pero la radiodifusión mexicana requiere una disminución de las muchas regulaciones que tiene y que no tienen sus nuevos competidores directos, todos ellos extranjeros, mismos que ni siquiera pagan impuestos.
Mientras el Presidente avanza para desregular a la radiodifusión mexicana, funcionarios de su gobierno hacen intentos para sobrerregularla e incluso para censurarla, so pretexto de defender a las audiencias. Por mencionar un ejemplo, el director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, mediante litigios busca revivir normas que medios y comunicadores han tachado de ser censura pura y dura.
En particular, busca revivir una ley que el Congreso derogó en 2017 y que ordena que los comunicadores de programas de radio y TV tengan que diferenciar, con sonidos acústicos, qué de lo que nos dicen en sus informativos es su opinión y qué, en cambio, es información, además de multarlos por ello. Con eso, ningún noticiero de toda la radiodifusión mexicana podría sobrevivir, sobre todo aquellos que, al dar opiniones críticas, molestan a la 4T. Pero también, la misma norma aplicaría para programas recientes que ha lanzado el nuevo régimen lopezobradorista.
Por su relevancia, el tema ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero deja ver una vez más la polarización en la que vivimos. En lugar de que los medios nacionales —públicos y privados— hagan frente a los medios extranjeros, funcionarios del gobierno están tratando de acallar a aquellos informativos que les incomodan.
Así, mientras el jefe del Ejecutivo señala una desregulación, son varias las áreas del propio gobierno las cuales buscan una sobrerregulación. En poco tiempo sabremos si se privilegia en la 4T una agenda progresista o una retrógrada.
