2020.11.17
Vía El Universal
La diferencia entre el modelo que quieren quitar y el que proponen es que la STPS es quien dará las autorizaciones.
Para entender la radical reforma laboral que ha presentado el Presidente de la República para prohibir la subcontratación u outsourcing, hay que poner atención al contexto electoral. Y es que, en la exposición presidencial que mostraron en la mañanera, imposible pensar que el ejemplo de un hotel con 802 trabajadores sea el parámetro para cambiar varias leyes que afectarán a casi 5 millones de empleos en el país, además de complicar la relación gubernamental con la iniciativa privada.
Para empezar, hay que entender que a quien desde el gobierno señalan como la pluma detrás de los cambios a leyes laborales y fiscales es la titular de la secretaría del Trabajo (STPS), Luisa María Alcalde Luján. Estos cambios le darán a ella y a su dependencia un poder enorme, pues la subcontratación que quieren prohibir se podrá seguir llevando a cabo, pero ahora la llamarán “servicios especializados”. La diferencia entre el modelo que quieren quitar y el que proponen es que la STPS es quien dará las autorizaciones. Para ello, revisará que las empresas y sindicatos interesados estén al corriente en sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Un gran poder, prácticamente discrecional, para que la STPS defina quienes pueden contratar así a millones de trabajadores.
Ah, pero si usted ya pasó el filtro discrecional que la STPS planea poner el año entrante, justo también año electoral, no cante victoria, pues las autorizaciones solamente tendrán vigencia de tres años y habrá que pedirla de nuevo en 2024, curiosamente previo a las siguientes elecciones presidenciales. Así, las fechas de las autorizaciones para quienes podrán realizar los negocios de subcontratación, perdón, de “servicios especializados”, van a empatar con las elecciones de 2021 y las presidenciales de 2024. Quienes se porten bien seguramente tendrán autorización, y quienes no, pues no.
A esto hay que agregar que la madre de la secretaria del Trabajo, la señora Bertha Luján es Consejera Nacional de Morena. Encabeza un grupo radical de consejeros que, el pasado fin de semana, complicaron que la actual dirigencia pudiera definir una política para selección de candidatos y de alianzas electorales para el año entrante. Discusiones que desde el fin de semana tienen a la joven dirigencia de Morena en una nueva crisis. Para la señora Luján, y sus afines, el contar con una nueva ́herramienta electoral ́ que le permita controlar a millones de trabajadores, vía la STPS, no es un tema menor en sus aspiraciones políticas y en su lucha interna en Morena.
Además, al presidente López Obrador le han “vendido” la idea de que las empresas que usan el outsourcing son las que apoyan movimientos u actividades políticas en su contra, como FRENAAA o Mexicanos contra la Corrupción. Esto seguramente es cierto, pero también lo es que casi todas las empresas —incluida la 4T— han recurrido a esquemas de subcontratación para lograr todo tipo de eficiencias. Así que la información a nadie debe sorprender.
Nadie está peleado con que se sancione a empresas que incumplen la ley y abusan de sus trabajadores, pero otra cosa es cambiarles la ley para conquistar un botín político.
Seguramente habrá quienes desde la STPS digan que no hay tal casualidad, pero si quisieran dejar fuera cualquier sospecha, pues que sencillamente no se asignen la facultad discrecional de decidir quién puede hacer actividades de subcontratación y, sobre todo, que cambien los plazos de autorizaciones para que no coincidan con las elecciones de 2021 y 2024. Estos cambios y una amplia discusión serían importantes para no poner en riesgo millones de empleos.
