La semana pasada concluyó la licitación de nuevas estaciones de radio en todo el país. Así, si nadie se echa para atrás a la hora de pagar lo que ofreció, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgará 178 concesiones en 28 estados, de los cuales seis —Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas, Veracruz y Campeche—, concentrarán 48.8% de las nuevas estaciones. Por su parte, la Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León y Tlaxcala no recibirán nuevas inversiones en esta industria.
Si bien la licitación parece ser un éxito en beneficio de la pluralidad, ha llamado la atención de los radiodifusores establecidos y de expertos en el sector el hecho de que los precios de las concesiones se hayan incrementado 22 veces con respecto a los valores mínimos de referencia, al grado de que muchas de estas nuevas estaciones no serán rentables sino hasta 10 años después de su inicio de operaciones.
Resulta también fuera de lo común que casi la mitad de las contraprestaciones que se pagarán por todas las nuevas estaciones de radio corresponde a sólo nueve poblaciones: Cancún, Playa del Carmen, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Chetumal, Puerto Morelos, San José del Cabo y Ensenada.
Pero lo más extraño es que un agente económico al que nadie conoce, denominado Tecnoradio, SA de CV (Tecnoradio), adquirió más de 20% de las frecuencias licitadas, con lo que se convertirá en un nuevo e importante grupo radiofónico. Ser nuevo en el sector no es malo, por el contrario, habla bien del IFT el que haya habido apetito por entrar a este negocio y que se fomente la pluralidad con nuevos oferentes de contenidos. Lo que no es bueno es la secrecía en los procesos de licitación pública y la falta de claridad sobre los participantes y el origen de sus recursos.
Independientemente de la inversión en infraestructura, estudios, locutores y periodistas que Tecnoradio tendrá que realizar, por el simple otorgamiento de las concesiones tendrá que pagar 287.8 millones de pesos.
A la fecha, no existe ningún tipo de información sobre Tecnoradio o la identidad de las personas físicas que están detrás de ella, lo cual ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. En la prensa escrita se ha mencionado la posibilidad de que se trate del ingeniero Carlos Slim y en los pasillos de la industria hay quienes afirman que se trata de personas ligadas a Comercializadora Milenio, la empresa a la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes compró millones de televisores que se repartieron con motivo del apagón analógico. Por su parte, en su columna de ayer en Milenio, Joaquín López Dóriga escribió que los accionistas de Tecnoradio son los señores Alí Eduardo Bañuelos Santana, René Padilla y Javier Márquez, quienes mantienen su anonimato incluso para Google.
Por lo anterior, y dado el impacto que Tecnoradio tuvo en el incremento de las pujas, resulta indispensable que el IFT informe puntualmente quiénes están detrás de esta empresa, así como el origen de los recursos que soportan un proyecto tan ambicioso y, aparentemente, poco rentable.
De conformidad con la legislación vigente, el IFT estuvo obligado a analizar quiénes son las personas físicas que participaron indirectamente en la licitación de las estaciones de radio. Por ello, a fin de garantizar la debida transparencia en la asignación de bienes del dominio público, el IFT deberá establecer condiciones que permitan a la sociedad conocer en forma oportuna y con antelación al otorgamiento de las concesiones, los nombres de las personas físicas que serán beneficiadas. Divulgar sólo el nombre de la sociedad, sobre todo si se trata de una de reciente creación, no dice nada.
Por la penetración que tiene la radio y su influencia en la sociedad puede haber grupos de interés político o económico que vean en ella algo más que un negocio. Puede ser un eficaz mecanismo de propaganda y presión para partidos políticos o personas ligadas a ellos. Esperemos que el IFT no haya sido ingenuo y podamos conocer más sobre este misterioso grupo.
