2021.01.19
Vía El Universal
En 2007 la clase política fraguó una nueva norma electoral basada en intereses coyunturales, concretamente en la revancha política. No se pensó en los procesos democráticos ni en el derecho a la información.
El viernes pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un Acuerdo mediante el cual, de abril a junio, se estableció que el Presidente de la República —y los gobernadores de todas las entidades — NO podrán hablar de: encuestas, campañas, partidos políticos ni de logros de gobierno.
El que nuestros políticos y gobernantes tengan temas “vedados” es algo que se legisló desde 2007, cuando Felipe Calderón era presidente y quería legitimar los procesos electorales luego de su cuestionado triunfo electoral, por apenas 0.56%, por encima de Andrés Manuel López Obrador. Así que, el gobierno calderonista cedió a las pretensiones de la izquierda mexicana para crear un modelo de comunicación política mucho más restrictivo en el que el actuar de los funcionarios públicos —y de los medios de comunicación— estuviera regulado en exceso.
Al PRI, por su parte, se le hizo buena idea la propuesta de los lopezobradoristas, pues sus legisladores, liderados por Manlio Fabio Beltrones, vieron en las nuevas restricciones mediáticas una forma de frenar la popularidad que registraba el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Así, en 2007 la clase política fraguó una nueva norma electoral basada en intereses coyunturales, concretamente en la revancha política. No se pensó en los procesos democráticos ni en el derecho a la información.
La historia se repitió cuando, en 2014-15, el ya presidente Peña y sus legisladores aprobaron una nueva reforma electoral, otra vez para darle gusto a la izquierda y legitimar los procesos electorales, en los que se volvieron a endurecer las restricciones de comunicación para políticos y medios, afinando el proceso de censura electoral llamado “proceso especial sancionador” (PES), lo que consolidó al INE como un auténtico tribunal de inquisición.
Y así llegamos a las elecciones de 2018, en la que tan sólo Morena presentó 35 denuncias PES contra medios, comunicadores y políticos, a efecto de intentar censurar todo aquello que alegaban era incumplimiento a la (soviética) norma electoral.
En 2019, ya López Obrador como Presidente, medio respetó el esquema de comunicación para las elecciones de Puebla y Baja California. Y digo que medio respetó, pues los medios públicos federales tuvieron que ser sancionados para que sus mañaneras dejaran de transmitirse en entidades con elecciones.
Pero ahora que todo el país está en elecciones, ni el Presidente, ni la izquierda, quieren cumplir con el modelo que ellos impulsaron. Y es que, claro, tener que poner límites a su presidencia es algo que a ningún mandatario debe gustar. Pero dada la necesidad de legitimarse que tuvieron Calderón y Peña los obligó a aceptar estas normas. Dado que López Obrador no tiene ese problema, al contrario, quiere incumplir la normativa que él y los suyos crearon.
Creo que es una buena noticia que la izquierda quiera dejar censuras de lado y permitir que fluya un amplio debate de información electoral, en la prensa, la radio, la televisión y las redes sociales.
En cambio, sería una mala noticia que —luego de que Morena impugne ante el Tribunal Electoral Federal lo aprobado por el INE— los magistrados sólo quiten las mordazas que hoy incomodan al Presidente, pero se las dejen a todos los demás: candidatos, partidos políticos, medios de comunicación, periodistas, comunicadores y hasta a las plataformas digitales.
Lo que México necesita es un nuevo marco electoral, sin censuras para nadie, y que la ley en la materia y los criterios de las autoridades electorales no estén atados a lo coyuntural, como pasó en 2007, en 2014 y ahora en 2021. Así que lo aprobado por el INE es correcto, bajo una absurda ley electoral que tenemos, misma que se debería cambiar para dejar atrás las censuras a todos.
