En 2013, con la reforma en telecomunicaciones, se extinguió la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para dar lugar al nacimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulador de este importante sector de la economía.
Atrás de este cambio de nombre y naturaleza del regulador estaba eliminar la llamada “doble ventanilla” que existía entre la Cofetel y la SCT. Antes de la reforma, la SCT validaba o no todos los actos administrativos de la Cofetel. Después de la reforma, el IFT es constitucionalmente autónomo e independiente.
Esta autonomía del sector central de la administración, permite a cualquier regulador tomar decisiones ajenas al contexto político del momento. Por ello, los comisionados que lo integran son transexenales e inamovibles. Esto garantiza de alguna manera que las decisiones técnicas que tome el IFT sean para realmente favorecer el entorno del mercado, y no a satisfacer caprichos políticos de los gobernantes en turno.
En este sentido, parece que la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador será respetuosa de este marco institucional. En voz de su representante para las telecomunicaciones, Abel Hibert, excomisionado de la Cofetel, la administración entrante será consecuente con la reforma y complementará las acciones emprendidas.
Abel Hibert habla de incrementar la cobertura de servicios en el país y darle continuidad a los proyectos de la red compartida y red troncal. También ha mencionado la creación de un fondo de cobertura social, que servirá como capital semilla para desplegar redes en comunidades rurales alejadas. Asimismo, hace énfasis en una agenda digital para aprovechar todas las ventajas que otorga la conectividad.
Todo esto es lo que le toca hacer a la nueva administración. Es sensato y acorde al marco legal. Ahora bien, y en este mismo sentido, es vital conservar la autonomía del IFT, así como de otros reguladores de sectores regulados. No entrometerse en tareas que les corresponde exclusivamente a los reguladores (concesiones, sanciones, etc.) es crucial para que las cosas salgan bien.
En otro tema. Roku cada vez se enreda más. Primero, la semana pasada admiten que no han podido erradicar al 100% la piratería en su plataforma pero, en contradicción, siguen calificando como de erróneas las resoluciones judiciales que prohíben vender el dispositivo. No acaban de entender que vivimos en un Estado de derecho y que están haciendo confesiones constantes y públicas de su ilegalidad, en las que admiten que ponen a disposición del pirata un vehículo para delinquir. Sus analogías de compararse con computadoras, televisores, reproductores o cualquier otra cosa son absurdas. No es un posicionamiento digno para una transnacional.
