2019-04-10
Si bien la reforma en telecomunicaciones del 2013 no ha sido abiertamente atacada por el régimen, sí hay señales claras de que puede haber un radical cambio de rumbo. Me refiero, concretamente, a la irregular injerencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el cumplimiento de la separación funcional de Telmex ordenada hace dos años por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y a los efectos secundarios que en el sector telecomunicaciones tendrá la contrarreforma educativa planteada por el gobierno.
En el primer caso, aparentemente el sindicato de Telmex logró convencer a la secretaria Sánchez Cordero de que la separación funcional de la empresa implicaba una grave afectación a sus derechos laborales. Inmediatamente, con más ingenuidad que mala fe, la secretaria se dio a la tarea de persuadir a los comisionados del IFT para que pospusieran el calendario de hitos con los que Telmex debía de cumplir para concretar la separación funcional en el plazo ordenado. Con más sumisión que gallardía, los comisionados cumplieron con la atenta e informal instrucción de la secretaria Sánchez Cordero. ¡Cómo se extraña a las dos únicas comisionadas que tenían los pantalones bien puestos: Adriana Labardini y María Elena Estavillo!
Más allá del hecho de que la Secretaría de Gobernación carece de facultad alguna para entrometerse en la ejecución de las decisiones del órgano constitucional autónomo regulador de las telecomunicaciones, y de que éste es el principal obligado en hacer cumplir sus resoluciones, la falta de conocimiento de los vericuetos del sector hizo a la secretaria tomar una decisión apresurada y sin información suficiente. De haber estudiado el caso y sus antecedentes, la secretaria Sánchez Cordero se habría dado cuenta de que aquello que el sindicato vende como un grave problema ya se ha hecho en el pasado y de manera mucho más radical. Como reacción a la reforma, Telmex llevó a cabo una escisión mediante la cual se desprendió por completo de su red pública de telecomunicaciones para pasarla a una empresa holandesa. En aquella ocasión, el propio sindicato afirmó públicamente que el objetivo de esa escisión era aislar todos los activos de Telmex para que sus competidores no pudieran usarlos ante una eventual orden del IFT que la obligara a compartir su infraestructura. En ese caso, el sindicato, que iba de la mano del patrón, no alegó problema laboral alguno, a pesar de que la totalidad de los activos de su fuente de empleo se transfirieron a otra empresa. Sin embargo, ahora que el IFT ha ordenado transferir a una subsidiaria de la propia Telmex sus actividades mayoristas, el sindicato sirve como instrumento de presión por parte de la empresa para aprovecharse del nuevo gobierno.
No hay conflicto laboral alguno. La figura de patrón sustituto garantiza el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, pero el sindicato, una vez más de la mano del patrón, mantiene emplazada a huelga a la empresa para que ésta argumente la imposibilidad de cumplir con la resolución del IFT. La ex ministra Sánchez Cordero parece olvidar que ante una resolución del instituto sólo cabe el amparo indirecto sin suspensión, por lo que la orden de separar las funciones mayorista y minorista de Telmex debe ser cumplida en sus términos. A ver si el gobierno mexicano no acaba otra vez demandado por violaciones a diversos tratados internacionales.
El segundo caso, por su parte, puede ser el pretexto que el régimen de López Obrador necesita para darle la puntilla tanto al IFT como a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). De acuerdo con la reforma, el Comité de Evaluación que hace el examen a los aspirantes a comisionado de ambos órganos está integrado por el Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si en su contrarreforma educativa López Obrador se sale con la suya y desaparece al INEE, ya no habrá forma constitucional alguna para designar nuevos comisionados del IFT o de Cofece, y comenzará su lenta pero inexorable extinción. Queda la duda de saber si éste es un efecto secundario o un objetivo deseado por el nuevo gobierno lopezobradorista.
