vía El Economista.
Altán deberá decidir entre seguir inyectando dinero público a un proyecto quebrado o buscar alternativas
En días recientes, Carlos Lerma, el nuevo director general de Altán Redes (y por tanto de la Red Compartida Mayorista), ha manifestado que solicitará al Instituto Federal de Telecomunicaciones una modificación a su título de concesión para poder prestar servicios directamente a los usuarios finales. Desafortunadamente para el gobierno federal, que acaba de rescatar a Altán con más de tres mil millones de pesos de la banca de desarrollo, una modificación de esa naturaleza es imposible si no se modifica antes el artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013, que establece a la letra que la Red Compartida Mayorista “prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos”.
Sin bien dicha disposición se encuentra en un artículo transitorio de la reforma en telecomunicaciones, lo cierto es que comparte el mismo rango constitucional que los artículos permanentes y para su modificación deben cumplirse los requisitos del Constituyente Permanente, lo cual parece difícil de lograr dado el entorno actual de confrontación entre el oficialismo y la oposición.
Independientemente de la barrera constitucional que impide a Altán prestar servicios a los usuarios finales, la propuesta de Carlos Lerma deja ver que la nueva administración de la Red Compartida Mayorista ha detectado ya cuál es el principal problema que ésta enfrenta: la falta de demanda. Desde que funcionarios panistas insertaron este proyecto en el Pacto por México, la mayoría de los expertos en el sector coincidieron en que la red estaba condenada al fracaso porque los tres principales operadores de servicios inalámbricos no la necesitaban y, por tanto, jamás alcanzaría el volumen de demanda de tráfico que se necesitaría para hacerla viable. Independientemente de las fantasías que se vendieron como sesudos análisis de empresas consultoras pagadas por el gobierno de Felipe Calderón, la realidad alcanzó a la Red Compartida Mayorista y tuvo que ser rescatada por el gobierno para no quebrar… por ahora.
Desde el principio, Altán fue financiada por la banca de desarrollo y por los gobiernos de China y México, en una apuesta que sonaba absurda y que no tenía ningún referente exitoso a nivel internacional. A muchos nos pareció que la insistencia de los panistas sonaba más a contubernio con los proveedores de la red que a un verdadero proyecto de cobertura social, sobre todo porque la cobertura ofrecida ya estaba cubierta por los tres operadores comerciales de telefonía móvil. Sin el tráfico de Telcel, AT&T y Telefónica, la Red Compartida Mayorista habría de sustentarse exclusivamente en el tráfico que pudieran generar los Operadores Móviles Virtuales, que si bien han ido ganando terreno poco a poco aún no alcanzan (y probablemente nunca lo hagan) la participación de mercado que alegremente proyectaron los panistas para justificar su ocurrencia.
Me parece que el problema de la falta de demanda es irresoluble. Además, el hecho de que las condiciones de operación y el destino de la valiosa banda de 700 MHz hayan quedado fijados en la Constitución constituye un grave problema para la administración de Altán, que deberá decidir entre seguir inyectando dinero público a un proyecto quebrado o buscar alternativas que les permita aprovechar el descuento de 90% que tienen en el pago de derechos por uso del espectro. Lo peor que le pudiera suceder al sector es que en un par de años Inbursa compre a descuento la deuda de la banca de desarrollo y se haga con el control de la Red Compartida Mayorista y la valiosa banda de 700 MHz. Sé que parece una locura, pero en este país hemos visto cosas aún más extrañas y no pasa nada.
@gsoriag