vía El Economista.
Es evidente que la apuesta del gobierno del presidente López Obrador es a minimizar la gravedad del hackeo a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, por dos razones fundamentales: acotar el impacto de las revelaciones que han surgido y que seguirán apareciendo a partir de los archivos que los intrusos obtuvieron de esa dependencia; y evitar hablar del daño que ha provocado una austeridad a rajatabla, que ha desmantelado o destruido buena parte de la capacidad de las instituciones del sector público, lo que en los hechos exhibe una muy limitada concepción de las tareas de gobierno.
En esta colaboración me referiré a ese segundo aspecto.
Por ejemplo, en noviembre de 2017, el gobierno del presidente Peña Nieto publicó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que preveía una serie de acciones a través de ocho ejes transversales, para atender los retos en distintas áreas, que incluían el aspecto del desarrollo de capacidades, la coordinación institucional necesaria y la adecuación del marco legal, entre otros. Revisando la información pública disponible, parecería que el esfuerzo quedó en eso, en un trabajo de planeación, que no fue retomado por la actual administración, o al menos, no con la amplitud y profundidad prevista.
En el Paquete Económico 2023, el gobierno del presidente López Obrador solicitó a la Cámara de Diputados un monto de 60 millones de pesos para la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, aún adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ello representa un 0.0007% del presupuesto total del sector público para el próximo año. De ese monto, 58 millones de pesos son para servicios personales, es decir, para el pago de salarios de los servidores públicos y otras prestaciones.
Las comparaciones son odiosas, pero para darnos una idea del abismo que nos separa con la visión que otros gobiernos tienen sobre la importancia de la ciberseguridad podemos revisar el caso extremo, el del gobierno de los Estados Unidos, que para el 2023 tiene previsto gastar 17 mil 500 millones de dólares en ciberseguridad, lo que equivale a un 0.3% del presupuesto total propuesto al Congreso de ese país por el presidente Biden. Por su parte, una referencia un poco más cercana a la realidad mexicana, pero desde luego aún lejana, es la del gobierno de España. En marzo de este año anunció un plan de ciberseguridad para el que prevé destinar cerca de 400 millones de Euros por año durante los siguientes tres años, lo que equivale a un 0.1% del presupuesto total propuesto al Parlamento de aquel país.
El desprecio presupuestal por la ciberseguridad del gobierno de la 4T se inscribe en un contexto de la muy baja prioridad que hasta ahora han tenido los aspectos tecnológicos en la agenda gubernamental. Por ejemplo, la poca importancia que este gobierno le dio a la construcción de una agenda digital quedó de manifiesto cuando prácticamente a la mitad del sexenio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, que no puede considerarse como una agenda digital seria, o al menos, apegada a las mejores prácticas internacionales.
A ello hay que sumar aquel anecdótico pronunciamiento del presidente López Obrador cuando en julio de 2020 sugirió que los servidores públicos de la Secretaría de Economía compartieran sus equipos de cómputo, ante el retiro de un número importante de estos por medidas de austeridad. Aparte, aún cuando hay diversas propuestas legislativas sobre el tema tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no ha estado en el interés del Ejecutivo impulsar su discusión.
Así que entre que la actual administración despreció lo hecho en materia de ciberseguridad por la anterior administración, la baja prioridad presupuestal otorgada al tema, la falta de seriedad para proponer una agenda digital seria y la ausencia de interés por impulsar la discusión de propuestas en el Congreso, era solo cuestión de tiempo el que ocurriera un hackeo como el que sufrió la SEDENA. Por cierto, ayer inició en el Senado de la República la Octava Semana Nacional de la Ciberseguridad, auspiciada por la Guardia Nacional. Parece broma.
*El autor es economista.
@GerardoFloresR