Javier Tejado Dondé | El Universal | 25 Agosto 2015
Se previó blindar las elecciones de 2015, a fin de evitar recursos no reportados por los candidatos, tener margen de detectar dinero de procedencia ilícita.
En la pasada reforma electoral (2014) se estableció que una de las causas para anular elecciones sería el que los candidatos gastaran más de lo permitido en sus respectivas elecciones.
Por ejemplo, el tope para cada uno de los candidatos que buscaban ser diputados federales se estableció en 1.2 millones de pesos (mdp). De tal suerte que quien ganara pero rebasando dicho tope, vería anulada su elección. Ésta se tendría que repetir y quien hubiera sido sancionado por gastar de más, ya no podría participar.
Esta modificación tuvo por objeto investigar y sancionar el gasto no reportado por los candidatos en sus campañas. Recursos que siempre son indebidos —que en muchos casos tienen una procedencia ílicita y vinculados al crimen organizado— y que se utilizan para fortalecer a ciertos candidatos para ganar campañas.
En particular, las presiones del crimen organizado para instalar candidatos en el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas obligó a diseñar este tipo de medidas, las cuales se han venido fortaleciendo, sobre todo luego de que se documentara que el diputado federal del PRD, Julio César Godoy, recibió $25 mdp del crimen organizado y que fueran difundidas grabaciones de él con el líder del grupo criminal de La Familia Michoacana, Servando Gómez, alias La Tuta. El diputado Godoy fue dasaforado (2010), pero sigue hoy en día prófugo.
Así, se previó blindar las elecciones de 2015, a fin de evitar recursos no reportados por los candidatos, tener margen de detectar dinero de procedencia ílicita y anular este tipo de triunfos.
Es así que se ideó una norma sencilla y lógica: quien se detectara que rebasó topes de gastos de campaña sería castigado con la pérdida de su triunfo.
Para estar preparado para fiscalizar las miles de campañas que se realizaron este año, en el Instituto Nacional Electoral (INE) se destinaron, según el Acuerdo CG 341/2014, $670.7 mdp para “administrar las prerrogativas de los partidos políticos y fiscalizar sus recursos.” Además, la Unidad Técnica de Fiscalización contó con un presupuesto de $244.3 mdp.
Para tener un programa contable de fiscalización en línea, el INE primero contrató —por un monto de $61 mdp— a la empresa SCYTL. Por diferencias con el INE, este contrato se rescindió.
Luego, aunque ya con los tiempos apretados, el INE buscó a la UNAM y gastó $25 mdp más en otro programa contable de fiscalización.
Es en estas condiciones, y con más de $915 mdp, que el INE debía administrar un sistema para que los partidos reportaran sus operaciones y buscar —en el campo o vía denuncias— los gastos no reportados. Los gastos ocultos, pues. Ésta era la forma de inhibir la entrada de dinero del crimen organizado a las campañas de los diputados federales.
Sin embargo, hoy tenemos 79 diputados federales electos con denuncias de haber rebasado sus respectivos gastos de campaña, todos bajo investigación del INE. Algunos los rebasaron al contratar a importantes grupos musicales que cobran más de los recursos asignados, mientras que otros con gastos en campaña sencillamente inexplicables. Entre estos 79 indiciados hay diputados del PRI, del PAN y del PRD.
Pero la gran sorpresa vino el pasado 20 de agosto cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, en definitiva, que toda la fiscalización realizada por el INE estaba mal hecha.
Así, el INE se gastó cientos de millones de pesos, contrató a cientos de personas y recorrió con sus fiscalizadores todo el país, para llegar a la conclusión de que su chamba estuvo mal hecha.
Tan estuvo mal la fiscalización del INE que el Tribunal, en su comunicado 279/2015, dijo que “el rebase del tope de gastos de campaña no puede, en esta ocasión, ser considerado como causal de nulidad de la elección, porque hasta este momento no existe la verdad legal, definitiva, de lo que ha sucedido con los gastos de campaña en las respectivas elecciones”.
Así, el INE y el Tribunal hicieron letra muerta la Ley que debía servir para evitar el fondeo del crimen organizado en las campañas al Congreso.
Se exculpó a todos los indiciados de haber rebasado los topes de gasto. Aún peor, ya no se podrá investigar a ninguno del total de los 500 diputados electos por haber rebasado, incluso con recursos ilícitos, los gastos de campaña. Fue una exculpación sin precedente y dejó ver cómo las autoridades se gastan millonarios recursos que acaban resultando inútiles.
Tratándose de justificar, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el Consejero Ciro Murayama, dijo que el error se debió a que fue el primer ejercicio de fiscalización que realiza el INE a nivel nacional.
El resultado es que hay varios diputados (79) sobre los cuales hay sospechas de rebasar los topes de campaña establecidos con fondos distintos a las prerrogativas oficiales y no se hará nada.
Y, como los magistrados electorales han sentenciado, hubo una “ausencia de fiscalización efectiva” y los retrasos “en que incurrió el INE impidieron que los resultados de las investigaciones pudieran impactarse en la validez de la elección”.
Sencillamente se les dio impunidad total a quienes rebasaron topes de gastos de campaña, incluidos recursos de procedencia ilícita.
Así es que no se sorprenda si luego aparecen vínculos entre legisladores y el crimen organizado. El mecanismo de prevención falló rotundamente.
Cambiando de tema. En la SCT no les gustó —ni creyeron— cuando Telefónica les comunicó que por decisiones regulatorias erráticas del IFT estaban evaluando dejar el país. Si bien no lo ha dejado, para todos los efectos prácticos, está dejando de invertir. La semana pasada anunció que habrá invertido, en 2015, en Brasil 2,400 millones de dólares, mientras que para México invertirá apenas 7% de lo que destina a Brasil ($185 1).
Funcionarios de Telefónica se lamentan de que las decisiones del IFT en la práctica están diluyendo el régimen de preponderancia de AMX (Telmex-Telcel): tarifas de interconexión hechas a modo, ofertas de referencia sin precios y acciones ilegales del operador sin sancionar, creando con ello un entorno regulatorio deficiente.
Así que de tener cuatro empresas de telefonía móvil en el país (Iusacell, Nextel, Telefónica y Telcel), hemos pasado a tres luego de la compra de AT&T de Iusacell-Nextel e incluso pronto podríamos pasar a tener nada más dos.
