El proyecto más ambicioso en materia de telecomunicaciones de esta administración está empantanado y con severos cuestionamientos.
Desde su concepción y nacimiento en la reforma estructural, e inserción con calzador en la Constitución Política, se comentó, por especialistas del sector telecomunicaciones, la poca idoneidad del proyecto en aras de darle solución a la creciente demanda de servicios móviles en México.
Se criticó que el gobierno otorgara la valiosa banda de 700 MHz, que en el resto del mundo se ha licitado, para darle viabilidad a la red compartida o mayorista. Con las licitaciones que han realizado reguladores de otros países, los distintos gobiernos han recaudado cientos de millones de dólares. En México se optó por aportar este espectro para concretar la red compartida bajo la figura de asociación público privada (APP).
También se dijo que el proyecto estaba muy alejado de las mejores prácticas internacionales. Se mencionó reiteradamente que el único otro caso similar que se ha dado en el mundo de una red compartida es en Uganda, un país con un PIB per cápita de 1,700 dólares al año.
El proyecto, con un retraso de dos años, finalmente se concursó. La SCT anunció un concurrido interés, con 39 participantes en el proceso. Obvio, como bien me comentó Fernando Borjón, Director de Promtel, muchos de esos interesados sólo eran analistas que querían conocer el diseño del proyecto. Pero otros tantos sí eran inversionistas reales.
Después de inmensas concesiones por parte del gobierno y/o peticiones hechas por los particulares, para que el proceso siguiera su curso, de 39 participantes iniciales sólo quedaron dos: Rivada y Altán. Nombres que, por cierto, en un acto inentendible de falta de transparencia por parte de la autoridad, se dieron a conocer hasta el día de la presentación de las propuestas técnicas y económicas.
Rivada fue descalificado por no entregar en tiempo y forma la garantía de seriedad. Este consorcio ya se amparó y manifestó, a través de su CEO Declan Ganley, por ser un proceso amañado para favorecer al “concursante pre-elegido”, es decir, al consorcio Altán. Más allá de los dimes y diretes, el tema ya entró en litigio jurídico y mediático.
El próximo 17 de noviembre es la fecha programada para dar el fallo a esta empedrada y cuestionada licitación. De verdad la autoridad ¿va a asignar un proyecto con un valor estimado en 7 mil 500 millones de dólares en estas condiciones?, ¿cuándo solo llegó un participante al final? No parece ser lo mejor.
En otro tema. Miguel Calderón, Vicepresidente de Telefónica México, acusa que el 70 por ciento de los contratos del gobierno federal en telecomunicaciones se asignan a América Móvil. Pues con razón se mantiene la concentración en el mercado y no se dan condiciones de competencia.