2020.01.10
Es prácticamente un hecho que el año que cerró la economía mexicana no creció, incluso hay algunos pronósticos de que pudo haber decrecido. El dato final lo sabremos muy pronto.
Las razones de lo anterior se han platicado en este espacio y se resumirían principalmente en dos factores: 1) escasa o nula inversión pública y privada; y 2) un mal ejercicio del gasto público.
La escasa inversión privada se deriva de una falta de confianza de los capitales, nacionales y extranjeros. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado generar un ambiente de certidumbre a los inversionistas. Van y vienen reuniones con empresarios en Palacio Nacional donde se comprometen a inversiones multimillonarias, pero hasta ahora no ha quedado claro el dónde y el cuándo.
¿Cuál es el pronóstico para el 2020? El Banco de México ya ajustó a la baja su estimación de crecimiento, quedando en un 1 por ciento. Este crecimiento se puede esperar dado que efectivamente va a empezar a fluir algo del capital privado comprometido para invertir en el país. Asimismo, la llave del gasto de gobierno seguramente se abrirá con mayor tino y de manera más constante.
Si bien no es cero, crecer a tasas del 1 por ciento es mediocre, por decir lo menos. Si el año pasado crecimos cero y este año vamos a crecer al 1 por ciento, la economía mexicana está prácticamente estancada. Esperemos que el pronóstico del Banco de México sea equivocado, o que el Gobierno instrumente una serie de políticas públicas que realmente detonen la inversión.
En otro tema. Vaya asunto que va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a los salarios de los servidores públicos. Resulta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) promovieron controversias constitucionales para impugnar el tope salarial que les establece el PEF 2020.
Esto se acumula con otras controversias presentadas por órganos autónomos, como el Banco de México, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Acusan que, si bien el salario se fijó en relación al salario que percibe el Presidente de la República, solamente se consideró la parte monetaria, y no todo lo que se le asigna en especie al mandatario, como alimentación y vivienda en Palacio Nacional.
El asunto cayó en manos de la ministra Yasmín Esquivel. Ya veremos cómo resuelve la SCJN este escabroso tema.
