Dos dependencias del gobierno federal están empezando a hacer un trabajo serio contra la impunidad, los abusos y la corrupción: la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La primera de éstas ha detectado serias anomalías en el “socavón” del Paso Exprés de Cuernavaca al determinar 22 observaciones (irregularidades) en la construcción de dicha obra y cuyo impacto fue un ejercicio indebido de $1,034.4 millones de pesos, casi la mitad del monto total de la obra. Posteriormente, también encontró que la obra fue asignada hasta sin proyecto, aunque la responsable de ésta, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), argumenta que sí existió, aunque por el tamaño del mismo, no se encontraba en la página de Compranet.
Como sea, lo encontrado por la SFP fue un golpazo para la credibilidad de la SCT, quien ahora busca encontrar a los responsables en funcionarios de cargos menores.
La PGR, por su parte, ha logrado detener a varios ex gobernadores que literalmente habrían esfumado millonarios recursos públicos: Padrés-Sonora; Borge-Quintana Roo; Duarte-Veracruz; Yarrington-Tamaulipas y, al parecer, próximamente Duarte-Chihuahua. Hasta hace unas semanas, estas detenciones parecían de imposible realización.
Pero también entre ambas dependencias están investigando temas muy polémicos, como los sobornos que habría cometido Odebrecht a funcionarios de Pemex. Y las preguntas que los fiscales de PGR están haciendo no son menores. Por ejemplo, el periódico Reforma dio cuenta el pasado 13 de septiembre, página 4, sección Nacional, de las preguntas que los fiscales de la PGR habrían hecho a los directivos de Odebrecht, incluido a su presidente Marcelo Odebrecht.
Al presidente de la empresa que hizo sobornos en 22 países se le preguntó si en las reuniones con los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se había hablado de sobornos. Tabú que los fiscales de la PGR hicieran preguntas sobre actividades en reuniones privadas con presidentes de la República, uno de ellos aún en el cargo. La pregunta además no era menor pues el Sr. Odebrecht, según varios reportajes, incluida una primicia de la BBC publicada la semana pasada, sí hay fuertes indicios e incluso investigaciones avanzadas de que corrompió a los presidentes de Brasil (Michel Temer), de Venezuela (Nicolás Maduro) de Perú (Ollanta Humala y Alejandro Toledo) y en Ecuador al Vicepresidente (Jorge Glas).
Si la pregunta hubiera sido positiva, habría sido imposible esconder la información pues los fiscales brasileños estaban asistiendo el interrogatorio de la PGR. Lo que era un riesgo que no podían soslayar.
También, ayer nos enteramos que la PGR no sólo investiga a todos los funcionarios de Pemex que tuvieron contacto con Odebrecth. En particular está investigando todos los movimientos financieros de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, entre 2012 y 2016.
Sin embargo, la SFP y PGR investigan también, y desde antes que se hiciera público el reportaje de Animal Político, la bien llamada “Estafa Maestra”, en la que varios funcionarios federales habrían usado la adjudicación directa a universidades públicas para, en lugar de apoyar a la educación y a los académicos de estas instituciones, utilizar el mecanismo para evitar licitaciones, entregando fondos a las universidades y éstas — previo pago de una comisión— reenviarlo a otras empresas o consultores en donde se perdió la pista de cientos de millones de pesos.
De hecho, para fortalecer estas investigaciones, pero también otras que tienen que ver con recursos públicos, la actual PGR firmó un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de ésta tener más elementos para presentar denuncias. Lo que le da “dientes” reales a estas investigaciones.
Ambos titulares, de la SFP, Arely Gómez, y de la PGR, Raúl Cervantes, fueron los únicos dos miembros del gabinete presidencial que no fueron enviados a auxiliar a los damnificados por el terremoto de hace unos días. Al parecer, el Presidente no quiso que distrajeran su atención de las delicadas investigaciones que realizan. Pero también cabe la posibilidad de que luego de estar investigando/arrestando a sus colegas secretarios, otros altos funcionarios y ex funcionarios federales y estatales no haya sido buena idea mandarlos a compartir espacios con el resto del gabinete.
Al parecer, estos dos secretarios van en serio y están dando un giro a las investigaciones contra funcionarios corruptos. En teoría, todo el modelo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) debería estar ya funcionando, pero la parálisis de los partidos políticos previo a la elección de 2018 han complicado varios nombramientos clave. La SFP y la PGR no se sentaron a esperar la entrada en vigor del SNA y le están entrando a los delicados temas.
Todos quisiéramos sin lugar a dudas que se diera un combate frontal a la impunidad y la corrupción y esto en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Así como hemos criticado la inacción en muchos casos, creo que se empiezan a ver signos claros de que dos secretarios están dispuestos a ello y están asumiendo consecuencias por ello. Pronto sabremos si son sólo dos funcionarios actuando en solitario o es parte de un verdadero cambio de actitud en el gobierno federal.
El gran tema de las elecciones de 2018 será la corrupción y quien esté mejor preparado para erradicarla. Veremos qué acontece en los meses previos al arranque formal de las campañas.
Cambiando de tema: Hablando de triangulación de recursos públicos, para llegar a contratistas y asesores evadiendo licitaciones públicas por medio de la asignación de contratos vía universidades públicas, uno de los primeros casos detectados fue la asignación que desde la Cofetel (hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) se hizo a McKinsey, en 2011, por 100 millones de pesos para hacer un estudio que propondría la creación de la Red Compartida. Para este esquema se utilizó a la Universidad Autónoma del Estado de México y el tema nunca llegó a investigarse plenamente.
Pero ahora, la parálisis del Congreso de la Unión, no sólo frena el Sistema Nacional Anticorrupción. No hay interés alguno entre los Diputados Federales para buscar consensos que permitan nombrar a los auditores de la Cofece, del INAI y del propio IFT. Ya llevan un rezago de cuatro años y volvieron a violar el plazo que se habían puesto para nombrarlos el pasado 12 de septiembre. Para cada uno de estos nombramientos se requiere de 2/3 partes de los diputados, y al parecer no hay forma de que este porcentaje se logre. Algunos diputados celebrarán que ciertos organismos no tengan supervisión alguna y otros legisladores estarán felices de señalar presuntos actos de corrupción. Pero nadie hace un esfuerzo real por nombrar auditores.
