Federico González Luna/ El Financiero.
Con la reforma de telecomunicaciones del 11 de junio pasado ahora los mexicanos contamos con dos nuevos e importantes derechos, elevados a rango constitucional, que no deberemos perderlos de vista para exigir su cumplimiento por el Estado: el derecho de acceso a los medios y contenidos de comunicación electrónica, y el de inclusión digital universal.
El párrafo tercero del artículo 6o. de nuestra Constitución Federal señala ahora que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Este nuevo derecho humano fundamental podríamos denominarlo como de acceso a los medios y contenidos de comunicación electrónica.
Por su parte, la fracción I, apartado B del mismo artículo 6o. de la Constitución consagra el derecho a la inclusión digital universal. Como resultado de la reforma, es obligación del Estado garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.
Cabe decir que la materialización del nuevo derecho a la inclusión digital exigirá que el Estado lleve a cabo o se haga directamente responsable del despliegue de diversas redes e infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional.
El derecho a la inclusión digital universal será garantizado centralizadamente por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante la política de inclusión digital (artículo décimo cuarto de la reforma), en tanto que corresponderá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) garantizar el derecho de acceso a los medios de comunicación electrónica (párrafo catorce del artículo 28 constitucional).
Para la ejecución de la acciones del Estado que permitan el cabal cumplimiento de estas garantías se requiere la combinación de diversos factores como una cobertura de red ampliamente difundida, suficiente capacidad de transferencia de datos, dispositivos costeables (asequibles) y diversidad en las opciones de conectividad.
El uso eficiente del espectro radioeléctrico además es una condición indispensable para las políticas de inclusión y de acceso. Las conexiones inalámbricas con la clave para una rápida expansión de los servicios de telecomunicaciones y el acceso a las redes. Según datos de la OCDE (www.oecd.org/sti/ieconomy/internet-economy-outlook-2012-highlights.pdf), desde 2011 el número de conexiones inalámbricas de banda ancha (670 millones) equivale a más del doble de las suscripciones de banda ancha fija (315 millones). La OCDE señala que las velocidades de las líneas de suscripción digital (conocida como DSL) y el cable de banda ancha aumentaron en 32 y 31% respectivamente cada año en tanto que los precios bajaron 3 y 4% respectivamente.
Los contenidos digitales son un elemento esencial para una política de inclusión exitosa. CISCO predice que el tráfico de datos en equipos móviles crecerá 13 veces entre 2012 y 2017 alcanzando la cifra de 11.2 exabytes mensuales (http://ispctes.blogspot.mx/2013/02/cisco-el-trafico-de-datos-moviles.html). El explosivo incremento de este tráfico se deberá a la transmisión de video. El sector entretenimiento (música y video) junto con otros menos lúdicos como telesalud, teleducación y teletrabajo experimentarían un impacto importante también.
Esto sucede en casi todos los países de la OCDE, menos en México. Es conocida la estadística de esta organización sobre el lugar que México en el número de suscriptores de banda ancha por cada cien habitantes: el último entre sus países miembros. Una política de acceso y una política de inclusión digital deben ir perfectamente coordinadas para que, a la vez que se haces accesibles (disponibles) y asequibles (costeables) los servicios de telecomunicaciones, los mismos revisten un contenido útil para el desarrollo de las personas, las empresas y el país.
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