27 de junio de 2012
Gerardo Soria
El Economista
A seis meses de que termine el sexenio, son muchas las deudas que este gobierno deja a la sociedad en materia de telecomunicaciones. Pero, sin lugar a dudas, la que más lastima el bolsillo de los mexicanos es la incapacidad para declarar a Telmex/Telcel como operador dominante en los mercados de telefonía fija y móvil y de acceso a Internet, acción que no se pudo concretar por negligencia y falta de voluntad de las autoridades del sector.
Actualmente, una serie de yerros de la autoridad pretenden ser aprovechados para favorecer a Telmex y modificar su título de concesión, con el fin de que pueda ofrecer el servicio de televisión restringida a través de su red telefónica, lo que representaría un golpe más al bolsillo de los mexicanos y al proceso de competencia.
Esta autorización implicaría que, de la noche a la mañana, Telmex/Telcel se convierta también en operador dominante en el mercado de TV de paga. Sin promocionar este nuevo servicio, Telmex tiene hoy 57% de las suscripciones de banda ancha del país, 76% de las líneas telefónicas y 71% del segmento de telefonía móvil.
No hay, al día de hoy y desde 1995, regulación asimétrica que permita controlar el poder monopólico de Telmex/Telcel. Darle la autorización para ofrecer el servicio de televisión de paga significaría la posibilidad de ejercer prácticas monopólicas tan graves como, por ejemplo, aprovechar el gran volumen de suscriptores que tiene en América Latina (más todos sus suscriptores de banda ancha en México) para conseguir, en exclusiva, programación que actualmente está disponible para todas las empresas de TV por cable, como puede ser HBO, Disney Channel, Discovery Channel, Warner, Sony, Universal, etcétera, eliminando en unos cuantos meses a cientos de pequeñas empresas de televisión restringida.
En un intento más por litigar en medios de comunicación, comenzó a circular la versión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá en breve sobre la presunta omisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) que derivó en una posible afirmativa ficta que le daría a Telmex la aprobación para entrar en el mercado de TV de paga. Quizá la idea es presionar al Juez que vaya a resolver el caso y a los ministros de la SCJN; por ello es preciso recordar que desde antes de la privatización de Telmex, la condición 1.9 de su título de concesión establece claramente la prohibición de ofrecer el servicio de televisión.
Se quiso evitar desde entonces que la red de este operador fuera dominante no sólo en telecomunicaciones, sino en televisión restringida, y éste es un tema que hoy no puede pasar por alto. Como candado que evite la tentación de la burocracia de ser condescendiente con el operador dominante, el Congreso de la Unión, en el artículo 5º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), estableció literalmente: “Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se respetarán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos, hasta su término”.
El título de concesión de Telmex fue modificado por última vez en 1990, es decir, cinco años antes de la entrada en vigor de la LFT.
Sin embargo, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, que siempre fue parcial en favor de Telmex y sus intereses, se sacó de la manga un “Acuerdo de Convergencia” que permitiría a Telmex entrar al mercado de TV restringida en abierta violación de la ley.
Por si esto fuera poco, Cerisola se inventó una afirmativa ficta que no tiene sustento en ley alguna. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece, por el contrario, que la regla general ante el silencio de la autoridad es la negativa ficta.
El efecto inmediato de una violación tan flagrante de la ley sería poner en riesgo a cientos de empresas de televisión por cable en el país. La buena noticia es que, seguramente, los jueces y ministros de la SCJN no pasarán por encima de la ley.
