2018-10-26
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) nació como un órgano constitucional autónomo tras la reforma en el sector de junio de 2013. La idea atrás de esto es dotar de independencia al regulador para que tome decisiones técnicas alejadas del ámbito político.
Esto en consistencia a las mejores prácticas internacionales. Los órganos reguladores, por naturaleza, no pueden estar sujetos a presiones de orden coyuntural ni político, ni estar al servicio del gobierno en turno. Tan es así, que los comisionados del IFT tienen nombramientos ratificados por el Senado de la República, transexenales, y escalonados, de tal suerte que el Pleno se mantenga al margen del contexto político.
Este andamiaje institucional le ha dado certeza y rumbo al sector de las telecomunicaciones en México. Aunque falta todavía mucho por hacer, el IFT ha hecho su chamba en estos años y los resultados están a la vista.
El tema viene al caso en este momento por el cambio de administración. El jueves de la semana pasada el diputado Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para quitarle autonomía a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para volverlos a sectorizar a la Secretaría de Energía (SENER).
Sin lugar a duda, este es un retroceso en el arreglo institucional que otorgó independencia a los reguladores del sector energético. Seguramente el presidente electo y su próxima Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quieren retomar el control y la toma de decisiones que hoy compete en exclusiva a los reguladores.
Ello es un indicador que la administración entrante tiene un particular desdén por la autonomía de los reguladores, y que procura retomar el control de estos. ¿Será este el caso también del IFT? Sería el triste ejemplo de regresar a la llamada doble ventanilla entre el regulador y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Lo que parecía una prueba superada, al parecer todavía no lo está.
Si a esta situación se le suma la muy probable pérdida de ingreso y prestaciones de la plantilla de personal del IFT, en razón a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, pues el órgano regulador de las telecomunicaciones está sumergido en un mar de incertidumbre.
Ojalá el nuevo gobierno reconsidere no tocar a los reguladores, dejarlos actuar en su marco jurídico actual, y tampoco perjudicar los ingresos del personal que desempeña labores de alta especialidad técnica. Hay mucho en juego. Veamos que sucede.
