De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, un eufemismo es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante; es decir, el eufemismo oculta su verdadero sentido y miente con palabras dulces y delicadas.
Así, el Congreso de la Unión, bajo presión del PRD y organizaciones afines, incorporó en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión un capítulo sobre los “derechos de las audiencias”, que enmascara una verdadera vocación de censura por parte del Estado y de aquellos que medran con el poder público. Estos supuestos derechos consisten en palabras ambiguas que significan todo y nada, a discreción de aquellos que detentan el poder. Por ejemplo, dice la ley que usted y yo tenemos el derecho de recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, y, si los medios de comunicación no lo cumplen, el Estado puede interrumpir sus transmisiones y ponerles multas que fácilmente los podrían hacer quebrar.
Pero, ¿estos derechos implican una obligación individual de cada medio o son, más bien, una aspiración del sistema de comunicación e información del país en su conjunto? ¿Puede una estación de radio indígena transmitir exclusivamente en otomí o está obligada a “reflejar el pluralismo lingüístico de la nación”? ¿Debe tener la burocracia el poder para interrumpir sus transmisiones con este pretexto? ¿Los medios pueden tener una postura ideológica propia y expresar cualquier punto de vista o no?
Dentro de las mentiras para tratar de justificar estos primeros pasos para el totalitarismo demagógico está el supuesto carácter de los “derechos de las audiencias” como derechos humanos. Esto es totalmente falso. No existe cláusula alguna en ningún acuerdo mundial, del que México sea parte, que se refiera a lo que la izquierda mexicana y el régimen dictatorial de Venezuela entienden por “derechos de las audiencias”. Por el contrario, tratados internacionales expresamente establecen a la libertad de expresión como uno de los derechos humanos fundamentales, sólo se permiten ciertas limitantes para la protección de la niñez y los derechos de terceros, los estados tienen prohibido interrumpir transmisiones o imponer multas confiscatorias por delitos de opinión.
La libertad de expresión tiene como principal objetivo controlar al gobierno a través de la información libre. Es por eso que los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión pretendieron restringirla, limitarla y sancionarla. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Pongo el acento en la palabra “recibir”. Toda persona tiene el derecho a recibir cualquier tipo de información o idea, no sólo aquella que el Estado considere oportuna, verdadera o prudente. Este es el único derecho de las audiencias verdadero: la posibilidad de recibir información u opinión que el individuo libre elija. La única forma legítima de garantizar este derecho es incentivando la investigación y difusión de las ideas y el pensamiento, no mediante la amenaza del castigo. Lo que se requiere es más información y opiniones, no la interrupción de las transmisiones de los medios por los sofocos de las beatas o los intereses de las ratas. Suprimir programas y multar a los medios no es, ni nunca ha sido, un derecho humano. “Si fuera el momento de exponer a través de la discusión la falsedad y las falacias, debe evitarse este mal por los procesos de la educación, ya que el remedio a ser aplicado es más expresión, no el silencio a la fuerza”[1].
Cambiando de tema. Como le comenté la semana pasada, el sindicato de Telmex no se fue a la huelga, ni lo hará. Todo es pura faramalla y marrullería.
