2019-01-23
Ya en varios artículos he señalado que el problema del crecimiento económico de México no es el modelo liberal sino la falta de un verdadero libre mercado en competencia, donde los pequeños y medianos empresarios y profesionistas puedan competir en igualdad de circunstancias con los grandes oligopolios y monopolios que controlan infinidad de sectores y mercados. Es claro que en las contrataciones públicas se sigue favoreciendo la asignación directa a cuates o a las grandes empresas. Aún en los casos en que se cumple formalmente con la ley y los contratos se adjudican mediante licitación pública, las bases de licitación se confeccionan para favorecer a alguien y dejar fuera al resto. En pocas palabras, tenemos una simulación de modelo liberal derivada de una simulación de estado de derecho. Muchos coincidimos en el diagnóstico, ahora debemos buscar coincidencias para la solución.
Como ya dije, el gran problema del país no es el modelo liberal: es la falta de cumplimiento efectivo de la ley. Lo largo y formalista de los procesos, la casi imposibilidad que tienen los pobres y la clase media para acudir a tribunales y, sobre todo, la falta de transparencia en los juicios y las sentencias han derivado en una espiral muy peligrosa en la que es bien visto hacerse justicia por propia mano. En principio, todos los juicios, en cualquier materia, deberían ser públicos y orales, de tal forma que la sociedad pueda enterarse de los razonamientos y pruebas detrás de cualquier sentencia. Sólo así nuestros jueces podrán ir ganando algo del prestigio y respeto del que hoy carecen. Es cierto que algo se ha avanzado, tímidamente, en materia penal y mercantil. Sin embargo, nuestro sistema sigue siendo, en su mayoría, escrito, formalista y, sobre todo, opaco. Esta opacidad o falta de transparencia es la que da lugar a la corrupción y el tráfico de influencias. Mientras esto siga así, sólo la gente con capacidad económica tendrá acceso a la justicia. Nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero hay unos más iguales que otros. ¿Qué posibilidades tiene un pequeño empresario frente al Estado o alguna de las grandes empresas monopólicas del país? Prácticamente, ninguna.
La Cuarta Transformación del presidente López Obrador deberá pasar, necesariamente, por la consolidación de un verdadero estado de derecho. Mientras la ley y su aplicación sigan siendo una simulación, no habrá transformación alguna. Quizá los nombres cambien, pero la realidad no lo hará. A pesar de su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes, el presidente no parece muy interesado en la ley y su cabal cumplimiento. Sus llamados a robar cuando se tenga necesidad caen bien en un pueblo que sabe que su acceso a la justicia está bloqueado, pero de ninguna manera transformarán al país. Lo que debe hacerse es garantizar el acceso a la justicia para todos y en igualdad de circunstancias. Desafortunadamente, se tendrá que empezar casi de cero. Salvo honrosas excepciones, las personas encargadas de la procuración e impartición de justicia están mal preparadas y carecen de incentivos para profesionalizarse. Es muy difícil para este personal poco calificado enfrentarse con abogados de prestigio y los resultados son previsibles. Ante un trabajo de acusación mal hecho la sentencia absolutoria es un resultado esperado. En el otro lado de la moneda, la defensa por parte de un defensor de oficio implica, muchas veces, la cárcel. El presidente debe entender que el hartazgo social no es consecuencia directa de la pobreza sino de saberse indefenso ante los abusos del poder, ya se económico, político o criminal. Por su parte, la pobreza no es la causa sino el efecto de la falta de justicia. Un sistema eficiente de procuración e impartición de justicia, en el que verdaderamente y de manera efectiva todos seamos iguales ante la ley, tendría efectos más profundos y duraderos que cualquier programa asistencialista para combatir la pobreza. El estado debe volver a su razón primigenia. Seguridad y justicia son la razón de ser del estado; sin estos cimientos, cualquier constructo social será endeble. La brecha económica entre ricos y pobres seguirá creciendo mientras unos puedan comprar justicia y a los otros les sea negado su acceso.
