2019-11-19
En el ámbito global, Facebook y Twitter cuentan con 2,300 y 326 millones de suscriptores respectivamente. Tan sólo por su magnitud, estas redes sociales han transformado la vida pública durante el último lustro.
Prueba de ello es el debate internacional que se ha sucitado en torno al uso de las redes sociales como medio de difusión de campañas electorales.
La discusión, si bien reconoce la existencia de impactos en los procesos electorales, aún no resuelve la compleja mecánica por la que estos se desencadenan.
En particular, la semana pasada, Twitter comunicó algunas reformas a sus políticas de privacidad, mismas que se traducen en prohibiciones a la publicidad política y en nuevas pautas para las agrupaciones defensoras de causas como el cambio climático, el aborto, entre otras. Los cambios se dan en un contexto donde esta red es, sin duda, un medio fundamental para difundir eventos noticiosos, promover mensajes de protesta y donde suceden debates políticos de relevancia pública.
La clave de las nuevas políticas de Twitter está en el tratamiento diferenciado: por un lado está la eliminación del contenido político y, por el otro, el mayor control de la publicidad basada en causas.
Lo primero se refiere a la prohibición absoluta de cualquier contenido que haga referencia a candidatos, partidos políticos, funcionarios gubernamentales, procesos legislativos, regulación y referéndums. En otras palabras, se prohíbe, de manera tajante, que las campañas y los candidatos gasten dinero en anuncios de Twitter. Lo cual podría representar un alivio para los ciudadanos que enfrentan bombardeos publicitarios de este tipo, así como para los contribuyentes que pagan estas campañas vía impuestos.
Lo segundo consiste en que la publicidad o contenido basado en causas como el feminismo, el cambio climático, temas de seguridad etc., no serán prohibidas, sólo estarán sujetas a restricciones de contenido político, es decir, se prohibirán los anuncios cuando aboguen por estas causas y, a su vez, se considere que generan resultados políticos, judiciales, legislativos o electorales. Esto podría resultar en controversias interesantes, especialmente si se considera que esto genera afectaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Estas medidas son la respuesta de Twitter ante fenómenos como los que enfrentó Facebook durante las elecciones en EE.UU. donde Cambridge Analytica recolectó, de manera indebida, datos de más de 50 millones de usuarios norteamericanos, información que sirvió para alterar los resultados electorales en los comicios presidenciales de dicho país de 2016.
Es claro que las redes sociales se consolidan como plataformas para generar y obtener información de sus usuarios, lo cual, aunado a la falta de transparencia en la extracción y el manejo de datos, así como a las complejidades regulatorias que esto sugiere, hace deseable que se adopten medidas similares a las de Twitter que se enfocan en la tutela de la certeza de procesos democráticos como los que se avecinan en Estados Unidos en 2020 y en México en 2021.