2018-08-29
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy claro en su compromiso de reducir el despilfarro y los privilegios que, hasta hoy, gozan los funcionarios públicos de mediano y alto rango. La discusión se ha centrado en la disminución de los salarios de la alta burocracia y la eliminación de prestaciones muy onerosas para el Estado, algunas de las cuales son inexistentes en el mercado laboral de la iniciativa privada, como el seguro de separación. No obstante, hay también otros rubros que sin duda indignan al presidente electo y a toda la sociedad: la contratación por asignación directa o concurso simulado de infinidad de asesorías, consultorías y “cursos de capacitación” que se realizan a través de empresas fantasma o bien con absolutos desconocidos sin experiencia en la materia para la que fueron contratados.
Desde el sexenio de Calderón dimos cuenta en estas páginas del esquema de triangulación a través de universidades públicas y empresas fantasma que después fue conocido como la “estafa maestra”. Si bien las investigaciones periodísticas posteriores y los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación han reducido el volumen de este tipo de fraudes, aún se mantienen otros que pretenden justificar las asignaciones directas en los supuestos conocimientos técnicos especializados del asesor, consultor o ponente de los “cursos de capacitación”. Los montos pueden llegar a ser millonarios y, en muchos casos, los conceptos o materia de la contratación no aguantan ni siquiera la prueba de la risa.
A manera de ejemplo, el órgano constitucional autónomo especializado en protección de datos personales, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), o no es tan especializado o contrata a funcionarios públicos incapaces de desempeñar el cargo para el que fueron contratados o, de plano, se trata de un pretexto para exprimir el presupuesto antes de que termine el presente sexenio y llevarse una mochada de los cuates. Cualquiera de las tres posibilidades explica el hartazgo social y el desprestigio de la burocracia. Efectivamente, a través del sistema Compranet, el especializadísimo INAI pretende adjudicar de manera directa un contrato para que alguien les explique qué es el derecho administrativo y cuál es el modelo mexicano de protección de datos personales, que, casualmente, ellos mismos regulan. ¿Pero no se suponía que en México no hay nadie más especializado en esas materias que el propio INAI? ¿De plano es imposible contratar a funcionarios que hayan terminado la carrera de derecho?
Ya encarrerados con la burla que los burócratas creen que somos, también en Compranet nos podemos encontrar con que Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató mediante adjudicación directa la prestación de servicios de instrucción de ajedrez, o que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adjudicó de manera directa varios contratos para funciones de circo, o que el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) contrató eventos de lucha libre. Yo ya no sé si reír o llorar, pero si es usted morboso vea en Compranet en qué se gastan sus impuestos. Por este tipo de ridículos en que se gasta el erario público van a pagar justos por pecadores.
Conozco muchos funcionarios públicos ejemplares, particularmente aquellos que forman parte de los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y es una verdadera pena que el desprestigio de la burocracia pueda llegar a afectarlos. La mula no era arisca, la hicieron a palos. Mientras haya burócratas que sigan pensando que el erario público es de ellos y que lo pueden gastar a discreción en cualquier tontería, el buen trabajo de los funcionarios profesionales y honestos se verá opacado. A estos últimos toca no sólo hacer bien su trabajo, sino desenmascarar y denunciar a aquellos de sus compañeros que se sirven con la cuchara grande de la corrupción y el despilfarro. Aún no queda claro si las medidas de austeridad del presidente López Obrador se extenderán al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos, pero es claro que la presión social así lo demandará y el ejemplo del INAI en nada ayuda.