Rodrigo Pérez-Alonso G.
Excélsior
El 9 de noviembre, de forma inesperada, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, general David Petraeus, renunció a su cargo. El general, un prominente miembro retirado del ejército de EU, tomó las riendas de la CIA hace un año, después de haber encabezado a las fuerzas militares en Irak y Afganistán. La causa de su renuncia fue el amorío extramarital del general con la autora de una biografía sobre él.
Lo interesante, fuera de la dramática historia de la caída de un general, es la fuente de información que suscitó su renuncia y las implicaciones que tiene para la privacidad. De acuerdo con el Washington Post y The New York Times, la información de que el general estaba teniendo una relación extramarital surgió a partir de una investigación que hizo el FBI de la cuenta de correo electrónico de una tercera persona. Es ahí donde los agentes del FBI se sorprendieron al saber que el general Petraeus y Paula Broadwell estaban sosteniendo una relación.
Lo más seguro es que dicha información haya sido usada con fines políticos, pero lo sorprendente es que al director de la CIA le hayan podido interceptar correos de cuentas que supuestamente son inviolables. De acuerdo con reportes periodísticos se trató de una intervención de comunicaciones privadas por el FBI a raíz de la amenaza -creíble o no- de que estaba en riesgo la seguridad nacional. Sin embargo, deja en entredicho la amenaza latente de que a cualquier ciudadano, ya sea director de la CIA o un usuario común del servicio de correo electrónico, se le puedan interceptar comunicaciones privadas.
Quizá lo que le pasó al general fue producto inesperado de la misma maquinaria que manejaba desde su agencia de inteligencia. A nivel mundial, casi 80% del tráfico de las redes de telecomunicaciones pasan por EU, lo que las hace vulnerables a ser interceptadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esto incluye información privada intercambiada en correos electrónicos, llamadas telefónicas, SMS y mensajes instantáneos.
En México, la intervención de comunicaciones -en especial de cuentas de correo- se hace únicamente mediante la orden de un juez. Sin embargo, las principales empresas proveedoras de servicios de internet y correo electrónico colaboran en forma muy discreta con el Ministerio Público federal y, tanto gobiernos estatales como el federal, hacen espionaje de los contenidos de correos electrónicos y de llamadas telefónicas. Han sido recurrentes las denuncias de políticos sobre el espionaje al que son sujetos a través de medios antes considerados seguros como el Nextel o los mensajes de BlackBerry Messenger.
Ante todo esto, no nos queda más que asombrarnos por la multiplicidad de opciones que tenemos para comunicarnos, pero también por la violación sistemática de las comunicaciones privadas, llevada a cabo para “proteger la seguridad nacional” o, simple y llanamente, extorsionar a un director de la CIA.
