2020.10.30
Vía El Sol de México
En el sector energético se han encendido las alarmas ante las recientes declaraciones del Gobierno Federal, de que en la política de materia energética se reafirmará el principio del interés de la Nación, ello como reacción a que un grupo de legisladores americanos expresaron al Presidente Trump que, México está otorgando un trato privilegiado a las empresas estatales CFE y PEMEX, ello no solo impacta en el sector energético sino a otros sectores, como las telecomunicaciones.
Un damnificado de la “contrarreforma energética” que está emprendiendo el actual régimen serían las telecomunicaciones, ya que algunos inversionistas del área de energía también tenían proyectos paralelos en el despliegue de infraestructura y fibra óptica a la par de las redes eléctricas.
De tal manera que la reciente devolución de frecuencias de ATT es señal clara de que la reforma a la Ley Federal de Derechos es un error, que ya está teniendo efectos adversos, al ahuyentar la inversión y dejar sin competencia al AEP.
Si bien se entiende la necesidad de que el Gobierno se allegue de ingresos, aquí el punto es: cómo equilibrar el fomento a la inversión en telecomunicaciones y por otra las necesidades financieras que plantea la SHCP, esto último, muy difícil ya que la consigna es conseguir dinero para cubrir la voracidad de recursos que requieren los programas sociales y los proyectos insignia tales como el rescate de la CFE y PEMEX, entre otros.
Además, no debe perderse de vista que, si el costo de la electricidad se hace más oneroso, ineficiente y contaminante, ello también impactará en las tarifas que cobren los operadores de telecomunicaciones y acentuará los efectos nocivos de las TIC´s hacia el medio ambiente, de tal manera que una política energética errónea puede dar lugar a precios elevados en telecomunicaciones, falta de conectividad y contaminación.
Interferencias
El Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, condenó a la periodista Victoria Dávila y a RCN Radio de Colombia, al pago de una indemnización económica y rectificación, por presunto daño moral causado por la emisión de contenidos periodísticos, relacionados con una investigación disciplinaria a un ex comandante de la Policía Nacional, por posibles irregularidades en una contratación.
La Sentencia interpreta erróneamente que la opinión emitida por un periodista pueda constituir una presión indebida sobre el Estado y/o sus funcionarios, de lo cual se derivaría que ningún periodista podría manifestarse sobre los actos u omisiones de quienes cumplen una actividad pública, lo que implica, censura previa. Asimismo, realizan consideraciones de orden ético respecto de la labor periodística, lo que resulta ajeno a la función jurisdiccional.
No sólo en México se venden piñas, también en Colombia.