2018-11-20
Después de la sacudida que provocó la iniciativa de Morena para reformar el marco legal en nuestro país con el propósito de prohibir el cobro de determinadas comisiones bancarias, el Banco de México emitió un comunicado por el que dio a conocer la renuncia anticipada de uno de los miembros de su Junta de Gobierno, el subgobernador Roberto del Cueto Legaspi, funcionario con amplia trayectoria en el sistema bancario, particularmente en la banca central de nuestro país.
La salida del subgobernador Del Cueto se dará 30 días antes de la salida de otro miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, en este caso, de Manuel Ramos Francia, quien, conforme a su nombramiento, dejará el cargo el 31 de diciembre de este año. Para suceder a este último, ha trascendido que el presidente electo López Obrador propondrá a Jonathan Heath, un economista con amplia trayectoria en el análisis económico desde el ámbito de los agentes financieros privados y la consultoría.
En el caso de Roberto del Cueto, sería muy conveniente para la consistencia que se busca en un órgano autónomo como el Banco de México —consistencia que le genera credibilidad a sus decisiones—, que su remplazo provenga del interior del propio banco. Por ejemplo, ahí está el director general de Investigación Económica del propio banco, Daniel Chiquiar, quien ocupa una posición por la que han pasado subgobernadores, como Francisco Gil Díaz o el propio Ramos Francia.
En estos tiempos en los que hemos visto cómo los anuncios sobre medidas del próximo gobierno que generan duda, inquietud o nerviosismo entre los inversionistas y los analistas, se han traducido en una notoria volatilidad en los indicadores líderes de la economía; inclinarse por alguien con amplia experiencia en el tema, que conoce desde adentro los retos del Banco de México y la política monetaria de nuestro país, puede significar una señal clara de que la próxima administración está convencida de la importancia de velar por la buena reputación del banco central.
Elegir un perfil así ayudará a que los anuncios de política monetaria sigan gozando de credibilidad, y por tanto, tengan la eficacia que debe acompañar a las medidas adoptadas por el banco central de cualquier país. Poner eso en riesgo mandaría una señal muy concreta de que al nuevo gobierno no le importa que los inversionistas lo asocien a mayores riesgos e inestabilidad. Dudo que el inminente secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, tenga eso en mente.
¿La Secretaría de Gobernación como canal de televisión?
El cambio que introdujeron los diputados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para dotar a la Secretaría de Gobernación de la facultad para “proveer del servicio de radiodifusión pública digital”, tomó por sorpresa a todo mundo. El cambio significa que Segob pretende erigirse en canal de televisión pública, porque la radio digital es hoy en día en México una modalidad de nicho, no está masificada.
Esa atribución se aparta de lo establecido en el apartado B, fracción V, del Artículo 6 de nuestra Constitución, que dispone la creación de un ente independiente como es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. También se aparta de lo previsto en el artículo Décimo Transitorio del decreto de la reforma constitucional mencionada, que expresamente establece que “los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas”, lo cual evidentemente no ocurrirá estando en Segob.
Adicionalmente, resulta a todas luces incompatible que una autoridad que puede imponer sanciones a todas las estaciones de televisión del país sea al mismo tiempo canal de televisión. Eso significaría que no hay garantías de equidad en el trato. Vaya situación indeseable en la que la Cuarta Transformación quiere sumergirse. Ojalá el Senado de la República lo corrija, como cámara revisora.