2018-09-11
Entre la fecha de la publicación de mi colaboración anterior y la de hoy es decir, en los últimos siete días, hemos podido atestiguar cómo diversos temas que están en la agenda de la nueva administración han tomado impulso. Ahí está el tema de la inversión en infraestructura, donde el proyecto de la ruta de ferrocarril para la región Sureste, denominado Tren Maya, y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son dos casos emblemáticos; también retomaron impulso los planes para replantear el papel de Pemex en la producción y refinación de petróleo en nuestro país, y de paso, cuestionar la reforma energética, y el tema del IVA e ISR en la frontera, por citar algunos.
En el caso del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el relanzamiento de Pemex en la extracción y refinación de crudo, hay que decir que se trata de temas que requieren de una enorme capacidad de gestión de proyectos de gran escala, de una probada capacidad en el control del costo de los mismos, de la certeza financiera para el desarrollo de los mismos, así como de un entorno externo estable, que no introduzca factores de incertidumbre al desarrollo de los mismos.
En México contamos con gente con la capacidad para estos desafíos. Sin embargo, conforme se entra al análisis de los detalles surgen algunas interrogantes sobre la posibilidad de llevar a buen puerto estos proyectos. Por un lado está la decisión draconiana de reducir las remuneraciones de los servidores públicos y las prestaciones que hasta hoy han tenido, alrededor de la cual pareciera que no hay nadie dispuesto a hacer una reflexión sobre los pros y contras de la misma. Es cosa de días para que la Cámara de Diputados adopte una decisión sobre este asunto. Diversos analistas han comentado sobre sus posibles efectos más visibles: una salida repentina de servidores públicos con amplia experiencia en los asuntos de su competencia al percibir una caída inmediata en el salario relativo que reciben frente a otros profesionistas con igual número de años de experiencia en el sector privado, complementada por una salida de otro grupo importante que está en condiciones de optar por una jubilación anticipada, bajo los niveles salariales actuales.
Estamos muy probablemente frente a la erosión de capital humano más significativa que haya experimentado el sector público de nuestro país en varias décadas. Al mismo tiempo que se presentará este fenómeno, está la decisión anunciada de suspender o no contratar servicios de asesoría para el apoyo de la función pública, cuya lógica es abonar a la racionalización del gasto público a fin de poder destinar recursos a una diversa gama de programas ofrecidos como signo del cambio de visión de gobierno. El problema de ello es que ante una salida repentina de funcionarios con experiencia y el no contar con apoyo de asesores externos, complicará invariablemente la gestión de los proyectos de gran calado a los que me referí anteriormente. La excepción podría ser el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, siempre y cuando se decida no suspenderlo.
Así que se antoja difícil ver que se puedan cumplir los plazos y las metas de cobertura o producción de los grandes proyectos de infraestructura, si en la gestión de los mismos se involucran solamente servidores con experiencia media y sin el apoyo de expertos externos. A ello hay que agregar un entorno externo más inestable que en los últimos seis años.
El efecto negativo no se circunscribe a este tipo de proyectos, también está la vulneración de la capacidad de gestión en los órganos autónomos como la Cofece, IFT, INAI y otros. Hay que tener extremo cuidado con los efectos no deseados de políticas públicas no reflexionadas o discutidas con rigor. Su efecto negativo puede ser sustancialmente mayor al efecto positivo que se buscaba.
