Federico González Luna Bueno
El Financiero
El inicio de una nueva administración pública federal, y el comienzo del año del año hacen oportuno plantear algunos temas principales de la agenda de las telecomunicaciones. En el universo de asuntos pendientes, hemos elegido cuatro que nos parecen indispensables.
Plantear acciones, tareas, objetivos y metas trae la complicación de que se empalmen unos y otros temas, haciendo que se confundan medios y fines. Hay temas que son de enorme trascendencia económica, pero cuyos beneficios sociales tardan más tiempo en llegar. Y viceversa, hay asuntos de gran impacto social, pero que poco ayudan a la competitividad de nuestra economía. Por ello, en esta ocasión hemos preferido hacer una enumeración de cuestiones prioritarias, lo más concreta posible, a fin de no perdernos en temas demasiado agregados. Así las cosas, vemos cuatro materias torales:
1) Licitación de la banda de 700 Megahertz (MHz). Se trata de una banda que tendrá un altísimo impacto en la cobertura de servicios de cuarta generación, que incrementará la competencia y disminuirá los precios. Provocará inversiones multimillonarias; con efectos muy positivos en la economía en su conjunto, y generará miles de empleos.
Para el Estado no representará gastos, sino ingresos muy importantes, que incluso podrían destinarse en parte a la promoción de la infraestructura social de las telecomunicaciones.
La licitación de esta banda de 700 MHz traerá beneficios en el corto plazo para la población. Se trata de una de las medidas catalizadoras de beneficios más importantes de que dispone el Estado.
2) Regulación de los dominantes. Pocos países en el mundo ofrecen un escenario en el que existe tal concentración de mercados en una sola empresa o grupo de interés económico. Esta situación constriñe la competencia, deteriora la calidad de los servicios e impide una disminución acelerada de los precios. Evidentemente, los beneficios de estas medidas tardarán más tiempo en llegar a la economía y a la población, pero se trata de un tema que, en realidad, debería ser casi una obsesión de nuestras autoridades regulatorias.
La industria y el sector telecomunicaciones mexicanos no podrán desarrollarse y ofrecer todos sus beneficios potenciales en tanto no exista una regulación efectiva y positiva sobre los servicios en los que las empresas dominantes tienen niveles de concentración inusitados.
Sólo hay una manera de pasar por alto este tema: renunciar a un modelo basado en la competencia y entregarnos plácidamente a los designios de los incumbentes. Es decir, pasar la facultad reguladora del Estado -y la inherente búsqueda del interés público- a la empresa dominante.
3) Licitación de nuevas frecuencias para televisión abierta. Se trata de un tema importante por su connotación política, necesario como un mecanismo que envíe incuestionables señales de apertura, pluralidad y competencia.
4) Fortalecimiento institucional. El órgano regulador de las telecomunicaciones en México, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, aún carece de muchas de las facultades indispensables para regular e impulsar eficazmente el desarrollo del sector. La muchas veces criticada “doble ventanilla” que se comparte con las áreas centrales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, es una realidad desafortunada que encontramos en cada etapa y en cada paso del procedimiento administrativo, lo que ha traído demoras y retrasos de años, inseguridad jurídica lamentable, y costos elevadísimos a la industria y al país, sin que agregue valor a ningún proceso.
Desde hace años, literalmente, existe un proyecto de reglamento interior de la SCT que teóricamente solucionará esta problemática. Se trata de un retraso incomprensible; es hora (lo es desde hace mucho tiempo) de contar con un órgano regulador que recoja las mejores prácticas internacionales, sin titubeos ni regateos miserables.
Hay, por supuesto, otros temas cruciales, independientes de los anteriores o conexos a ellos, pero es momento de entrar de lleno a éstos. Casi todos lo saben.