2019-10-29
Estos fenómenos sociales y políticos —comparables con la primavera árabe de 2010— sí son una advertencia para que el gobierno federal ponga atención y responda corrigiendo mucho de lo que hay que enderezar.
En las últimas dos semanas parece que Latinoamérica se ha “incendiado”. Es el caso de muchos países que, de manera sorpresiva, están teniendo manifestaciones por descontento social: Haití, Nicaragua y Honduras. Quizá por su pequeño tamaño en términos poblacionales y económicos no han sido noticia, pero la gente y las empresas de esos países han venido sintiendo un importante rompimiento del orden político y social.
En naciones más grandes está pasando lo mismo: en Ecuador, la eliminación del subsidio a los combustibles, pactada con el Fondo Monetario Internacional, lanzó a la población indígena y a los trabajadores a la movilización. Ésta fue tan fuerte que la sede presidencial se tuvo que cambiar de Quito a Guayaquil y, desde luego, el ejército tuvo que salir a contener las protestas.
En Chile, un país a donde se fueron buena parte de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) luego del triunfo electoral del lopezobradorismo en México, un aumento marginal (apenas 3%) al precio del metro ocasionó las más grandes movilizaciones en 30 años. Las protestas crecieron de Santiago de Chile a más de 15 regiones del país, en varias de las cuales se tuvo que decretar estado de emergencia y desplegar a las fuerzas de seguridad.
En ambos países, las autoridades tuvieron que dar marcha atrás a los incrementos y cambiar funcionarios. Aun así, no queda claro qué sucederá en estas naciones que habían tenido gobiernos y democracias estables, en las cuales se estima que las manifestaciones arrojaron pérdidas, tan sólo en la iniciativa privada, de mil 400 millones de dólares (mdd) en Chile y de 720 mdd en Ecuador.
En Argentina, el triunfo de Alberto Fernández obligó a establecer límites a la compra de dólares —200 por persona al mes— y provocó que mucha gente retirara su dinero de los bancos. Una economía, en los hechos, ya dolarizada y con una inflación de 53% en los últimos 12 meses que se sigue descomponiendo.
Como ayer en estas mismas páginas escribió el Senador Ricardo Monreal “debemos estar conscientes de que las exigencias de las sociedades (son) cada vez mayores y que un crecimiento desigual (inhibe) decir que una nación es próspera”.
Dicho eso, es claro que las exigencias de las poblaciones son cada vez más demandantes y la falta de oportunidades y, sobre todo, de mejores expectativas, han hecho que explote el ánimo social. Algunos incluso señalan la mano de Venezuela en parte de las revueltas, sin que esto haya sido comprobado. Pero el hecho es que las condiciones sociales fueron propicias para este estallido.
En México, hay muchas cosas que no van bien y que podrían estar mejor: la incertidumbre respecto a las emblemáticas obras de la 4T, la contracción y estancamiento de la economía nacional (de hecho, en la demanda interna tuvimos la caída de -0.1% de los servicios, la primera en 117 meses), la mayor caída en la industria de la construcción en nueve años (en buena parte por la falta de obra pública) y una creciente tasa de desempleo (la más alta en 36 meses).
Desde luego, también es cuestionable que los índices de inseguridad no mejoran y que la corrupción, en varios niveles de gobierno, sigue rampante y, a la fecha, sin que nadie relevante haya sido condenado por ello.
Pero, frente a estas malas noticias que, desde luego, ojalá y se mejoren, ¿cuánto vale que un 65% de la población tenga confianza en el Presidente de la República?, ¿cuánto vale a la economía nacional que se puedan dar los ajustes inflacionarios a los combustibles sin que exista un estallido social?, ¿cuánto vale que los sindicatos y trabajadores estén produciendo y no estén en las calles?, ¿cuánto vale que el discurso presidencial genere expectativas tan positivas en la gente que ésta prefiera pacientemente esperar a que las cosas mejoren?
Si en México hubiera una movilización social de la magnitud de las que ocurrieron en Chile y Ecuador, estaríamos hablando, dada la comparación de economías, de cuando menos cuatro veces más el impacto económico que padeció Chile y de 10 veces más que el que padeció Ecuador. El efecto en México, tan sólo en los mismos días en los que hubo manifestaciones en estos dos países le hubiera costado a la iniciativa privada cerca de 7 mil millones de dólares, a lo que hay que agregar lo que gastaron los gobiernos en contenerlas, más el daño reputacional a los países en términos de inversión extranjera.
Por lo tanto, estos fenómenos sociales y políticos —comparables con la primavera árabe de 2010— sí son una advertencia para que el gobierno federal ponga atención y responda corrigiendo mucho de lo que hay que enderezar En particular los temas de inseguridad corrigiendo mucho de lo que hay que enderezar. En particular, los temas de inseguridad, Estado de derecho y no abusar de reformas electorales a modo. También es oportuno que muchos de los que critican al gobierno se den cuenta de que hay intangibles que da el presidente López Obrador al país y que, si bien es difícil cuantificarlos, no por ello dejan de ser relevantes. La paz social que hoy tenemos es algo que todos debemos de aquilatar y fortalecer.
Cambiando de tema:
Ayer se celebró el velorio de la señora Patricia Juan Chelala. Toda la comunidad libanesa en México se volcó a dar, a sus padres, hermanos e hijos muestras de cariño. Es gratificante ver a una comunidad aún tan unida y el cariño que brinda a los suyos. Abrazo fuerte a su familia, que se queda con buenos recuerdos de una fina y grata mujer.