Como se había previsto, la semana anterior se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el foro sobre los retos de la nueva legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión a raíz de la reforma constitucional del 11 de junio de 2013.
En el foro se vertieron importantes opiniones tanto en materia de telecomunicaciones como de radiodifusión. Prácticamente todos los conferencistas se mostraron abiertamente preocupados en que la nueva legislación realmente se oriente a la promoción de la competencia y al acceso del mayor número de personas a las nuevas tecnologías de la información, a los servicios de telecomunicaciones y a la radiodifusión.
Sin demérito de ninguna participación, una de las más clarificadoras fue la del secretario de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), Pablo Bello Areliano. Un primer dato duro y preocupante fue el hecho de que México requiera inversiones de 8 mil 500 millones de dólares al año para llegar a una situación comparable con los países desarrollados en materia de acceso a la banda ancha para fines de esta década.
Señaló que somos el segundo país de América Latina que más invierte en esta materia, por lo que es indispensable que en la discusión de las leyes secundarias se considere la generación de competencia a nivel nacional de redes en distintas capacidades de cobertura, calidad, introducción de nuevos servicios, tecnologías y precios.
Otro aspecto de la mayor importancia comentado por Pablo Bello fue el relativo a la conspicua banda de los 700 MHz. Al respecto, comentó de manera directa que el cierre de la brecha digital existente en nuestro país se logrará con tecnologías inalámbricas, y que para ello el uso de la banda de los 700 MHz es indispensable. Agregó que el modelo adoptado por México no tiene precedentes en ningún país (lo que evidentemente resulta preocupante).
Debe evitarse a toda costa que el modelo mexicano, que contempla la actuación del Estado como inversor y operador, no se convierta en la práctica en un mecanismo que desincentive las inversiones de los particulares.
¿Cómo evitar que la intervención estatal en el mercado no resulte nociva? Diríamos nosotros: con reglas claras; con roles del Estado y los particulares en el mercado claramente definidos, en los que el gobierno no se traduzca en un nuevo operador competidor; que no existan asignaciones poco transparentes de espectro, o que se abuse de las facilidades que otorga la legislación de asociaciones público-privadas para despacharse alegremente con los recursos financieros o patrimoniales de la Nación.
Otro punto de coincidencia en muchos expositores fue la necesidad de eliminar el IEPS a las telecomunicaciones, así como implantar la tasa cero de IVA en dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes y computadoras, lo que además, por el efecto multiplicador y generador de actividad económica de las telecomunicaciones, se convertiría en enorme negocio para el fisco federal.
Una de las mayores preocupaciones fueron las complicaciones que en todo el país abundan para la instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones, producto de las trabas burocráticas (por decir lo menos) que existen en muchos municipios y estados que sólo ven en estos servicios una fuente de ingresos.
En fin, se expresaron valiosas opiniones en materia de libertad de expresión, derechos del consumidor, de la audiencia, contenidos, certidumbre jurídica, necesidad de una regulación asimétrica, (dada que hemos sido incompetentes para generar competencia), publicidad gubernamental de los estados y municipios, promoción de los productores nacionales independientes, y otros más.
Mucha crítica a los operadores actuales y entre los propios panelistas; un ejercicio plural y diverso, con la presencia de muchos legisladores federales, del que sin duda surgirán ideas y propuestas a verse reflejadas en la nueva legislación.
Abogado en telecomunicaciones