¿Recuerda usted cómo desde su oficina de Comunicación el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se felicitaba a sí mismo por lo que según ellos era la licitación más transparente y exitosa de la historia; cómo decían que había tal interés en la radio que tendríamos nuevos grupos radiofónicos que fomentarían la pluralidad y la competencia?
Pues bien, después de la autocomplacencia vino la realidad y el principal ganador de aquella licitación tan limpia y transparente resultó ser un pillo que quiso aprovechar la miopía de los burócratas para evitarse un engorroso problema, ahorrarse alrededor de 40 millones de pesos y bloquear la entrada al mercado de nuevos competidores. El problema que quiso evitar fue tener que explicar que formaba parte del grupo radiofónico más grande del país, con lo cual, si lo dejaban participar, no podría beneficiarse del descuento de 15% en el pago de las frecuencias que el IFT otorgó a los nuevos competidores. Así, era mejor mentir e inventarse una empresa fantasma, Tecnoradio, que sería manejada por un sobrino. ¡Plan maestro! Además, los burócratas nunca revisan nada ni ven más allá de sus narices. No podía fallar.
Pero falló. La prensa hizo su trabajo y se cuestionó lo que la burocracia no; investigó lo que las autoridades investigadoras no investigaron, y sacó a la luz la incompetencia del IFT, el pobre diseño de sus bases de licitación y lo fácil que es mentirle a un regulador que no levanta la vista del escritorio. Tan es así, que se supo que Tecnoradio no pagó los 288 millones que había ofrecido por 37 estaciones de radio. Junto con Tecnoradio y, seguramente porque resintieron el incremento en el precio de las frecuencias por la maniobra de ésta, otros participantes tampoco pagaron las frecuencias que habían ganado. Fue tan desastrosa la licitación, que de los 1,578 millones de pesos que el IFT cacareó que recaudaría, sólo se pagó la mitad. A manera de ejemplo, Radio Centro dejó de pagar 100 millones de pesos, Núcleo Radio 1,050 millones y muchos otros más, en un efecto dominó derivado del hecho de que Tecnoradio infló los precios en las subastas y se supo que todo el proceso estuvo amañado, lo cual causó una corrida de los demás ganadores.
Con una bajeza digna del cobarde que se siente acorralado, el IFT, a través de una nota informativa sin membrete ni firma pretendió culpar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de su tiradero, y dijo que quien debía investigar a los postores era la SCT. Esto es totalmente falso. La opinión de la SCT es sólo para cuestiones de seguridad nacional, no de competencia económica y, además, no es vinculante para el IFT; es decir, puede hacerle caso o no. La autoridad que debe analizar quiénes forman parte de un agente económico es el IFT, que es la autoridad única en materia de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Esperemos que el IFT aplique la ley a cabalidad y sancione a Tecnoradio y Pérez de Anda no sólo con la pérdida de la garantía de seriedad, sino con las herramientas que le da la ley de competencia, además de perseguir el delito por falsedad de declaraciones.
Cambiando de tema, corrupción entre abogados y Pemex. Una delegación de la Procuraduría General de la República se reunirá el 2 de junio con el fiscal general de Brasil para obtener más información sobre los funcionarios de Pemex involucrados en actos de corrupción con Odebrecht. Fuentes cercanas al proceso han confirmado que esta investigación está sacando muchos trapos sucios a la luz, particularmente el caso de prominentes abogados especializados en energía que por más de una década recibieron adjudicaciones directas de Pemex a precios inflados y sin entregables, con lo cual obtuvieron ingresos ilícitos por decenas de millones de dólares que luego repartían con los funcionarios que les asignaban los contratos. Parece que el caso Odebrecht es sólo la punta del iceberg de toda una red de corrupción que, esperemos, ahora sí será desmantelada y sus responsables llevados ante la justicia. Continuaré informando en próximas entregas.