2021.03.24
Vía El Economista
Como bien nos ha demostrado la administración del presidente López Obrador, no se requiere modificar la Constitución para dar marcha atrás en las reformas estructurales del sexenio pasado que se proponían mejorar la educación y fomentar la competencia y competitividad en varios sectores anquilosados. Basta con que las autoridades administrativas desvíen el curso de sus actos respecto del rumbo y espíritu plasmados en la Constitución.
Por algún extraño motivo que no alcanzo a entender, vivimos en un país adicto a los monopolios y los oligopolios, ya sean públicos o privados. Por ese mismo extraño motivo, López Obrador piensa que los monopolios estatales administrados por burócratas ineptos que no arriesgan su dinero son capaces de proveer bienes y servicios de calidad y a buen precio. De la misma manera, los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pretenden retroceder el camino andado y permitirle al agente económico preponderante en telecomunicaciones (América Móvil, Telmex, Telnor, Telcel, filiales y subsidiarias) volver a las andadas en los 65 municipios más ricos del país y tener la libertad de fijar precios a competidores y usuarios.
A casi siete años de la declaración de América Móvil como preponderante, ésta sigue manteniendo una participación en el sector telecomunicaciones cercana al 60%, aún muy por encima del 50% menos 1 que se requiere para eliminar la regulación asimétrica. No obstante, tras el reconocimiento expreso por parte del IFT de que la regulación asimétrica ha sido ineficiente para desconcentrar el sector y tras dos revisiones de aquella, en esta ocasión los comisionados parecen urgidos por entregar al preponderante en bandeja de plata los 65 municipios más rentables del país, para que éste pueda bajar precios como depredador y los competidores empiecen a sudar en sus esfuerzos por invertir en infraestructura en todo el país. No hay que ser un genio para saber que los municipios más rentables subsidian a los menos rentables con el afán de ganar cobertura. A final de cuentas, los clientes de los municipios rentables también quieren servicios de calidad y buen precio en otras ciudades a las que puedan viajar por negocios o placer.
El artículo octavo transitorio de la reforma en telecomunicaciones determinó que la preponderancia es por sector y a nivel nacional precisamente para que el regulador no pudiera jugar con la delimitación de los mercados para satisfacer a América Móvil, y se hizo con conocimiento de causa. Los que ya llevamos algunos años en esto aún recordamos con asombro la resolución de la Cofeco que al determinar si América Móvil era o no dominante en el mercado de interconexión nacional (tenía 7 de cada 10 clientes), resolvió que absolutamente todos los concesionarios eran dominantes en el “mercado de terminación de llamadas en su propia red”; es decir, un operador con un solo cliente es dominante respecto de ese cliente, a pesar de que América Móvil tuviera 80 millones de clientes más. A veces la burocracia es tan estúpida que no se da cuenta de las barbaridades que dice. Si América Móvil tiene 7 de cada 10 usuarios ¿a quién le interesa interconectarse? Evidentemente a los operadores que tienen a los otros 3 clientes. De ser así ¿quién tiene el poder para doblegar a los otros con términos y condiciones abusivos o prácticas monopólicas relativas? Evidentemente, América Móvil. ¡Pues no! La Cofeco determinó que todos son dominantes en un supuesto mercado inexistente (la terminación de llamadas en su propia red) y si todos son dominantes, nadie es dominante. Adivinen para quién fue el favor. Con esto en mente, la reforma creó la figura de preponderancia como nacional e indivisible para todo el sector telecomunicaciones. Hoy, el IFT, como antes Cofeco, la quiere dividir jugando con la delimitación de cada mercado individual y su supuesta competencia. El desmantelamiento de facto de la reforma en telecomunicaciones ha comenzado.