2020.10.11
Vía El Economista
El presidente López Obrador y la Cámara de Diputados, controlada por Morena, asestarán un duro golpe presupuestal a todas aquellas instituciones de la República que constituyen algún tipo de contrapeso a la voluntad omnímoda del presidente; la frase con la que mandó al diablo las instituciones democráticas no fue un exabrupto electoral sino una manifestación temprana de su verdadero plan de gobierno: acumular todo el poder y desmantelar contrapesos.
El Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación y su Tribunal Electoral, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de la República, así como los órganos constitucionales autónomos Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) e Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sufrirán drásticas reducciones en el Presupuesto de Egresos 2021, que pueden llegar a poner en riesgo su operatividad misma, ya no hablemos de su eficacia. Con la crisis de violencia, inseguridad e impunidad más grave desde la Revolución Mexicana, se antoja un disparate drenar recursos a la procuración e impartición de justicia para destinarlos a programas clientelares que consisten en regalar dinero “sin intermediarios”, manteniendo a nuestra endeble justicia en un marasmo de funcionarios incapaces y carentes de recursos, que de ninguna manera podrán llevar a cabo la apremiante transformación de nuestro sistema jurídico. De igual manera, en medio del mayor desprestigio de los partidos políticos y la ausencia de liderazgos que puedan hacer sombra al presidente de la República, debilitar al INE y al Tribunal Electoral son acciones consistentes con el intento de apropiación de las autoridades electorales por parte del grupo en el poder y su afán de mantenerse en él a toda costa. La horca presupuestal es el instrumento más poderoso para someter a la burocracia de nuestras instituciones. Aquellos magistrados, consejeros, comisionados y demás funcionarios que año con año ven reducciones drásticas en sus salarios y percepciones, por necesidad, dejarán vacíos los espacios que quiere colonizar el jefe del Ejecutivo.
Por otro lado, debemos reconocer que algunos órganos constitucionales autónomos, como Cofece e IFT, tienen un estatus extraño en nuestro orden constitucional. Si bien no lo dice el texto de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que estos órganos autónomos tienen facultades legislativas y ejecutivas, al grado de que, por ejemplo, en la sentencia que eliminó la tarifa de interconexión cero para llamadas dirigidas a Telmex y Telcel, y que estaba establecida en la ley, la Suprema Corte determinó que el poder legislativo no podía legislar en esa materia por ser atribución exclusiva del IFT. Así, a pesar de que la propia constitución establece el principio de división en tres poderes y que una sola persona u órgano no podrá detentar dos o más poderes, la propia Corte rompió la coherencia constitucional para poder otorgar el amparo a Telmex y Telcel. Este criterio de la Suprema Corte es el que ha dado pie al senador Ricardo Monreal para sostener su opinión de que los órganos constitucionales autónomos no deberían poder legislar en contra de leyes emitidas por el Congreso de la Unión. De esta manera, por pretender estirar la autonomía del IFT y ponerla por encima de la ley, la propia Suprema Corte y algunos participantes de la industria de las telecomunicaciones han puesto en riesgo el avance más importante en la regulación del sector: la propia autonomía del regulador.
Ante los excesos del pasado, la embestida del presidente contra los contrapesos puede llegar a ser popular, al margen del gravísimo riesgo democrático que ésta implica.
