2021.12.21
Vía El Economista
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó la semana pasada la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) correspondiente a los años 2020-2021. En términos generales, muestra tendencias similares a las que se observan en países como Estados Unidos, Canadá y los que integran la Unión Europea, quizá con distintos ritmos, pero en el mismo sentido, sin duda alguna.
Lo primero que hay que señalar es que de acuerdo con las distintas encuestas que ha publicado el IFT, el porcentaje de mexicanos que consumen contenidos audiovisuales a través de Internet se ha incrementado de manera notable en apenas seis años. Mientras que en 2015 solo un 25.8 por ciento de los mexicanos utilizaba Internet para consumir contenidos audiovisuales, para 2020-2021, ya lo hacía el 59 por ciento. Esto significa que un lapso de seis años el número de mexicanos que consumen contenidos audiovisuales en Internet pasó de cerca de 31 millones de personas, a poco más de 74 millones, un incremento de 140 por ciento.
De esos porcentajes de personas que consumen contenidos audiovisuales por Internet, la misma ENCCA reporta a su vez los porcentajes de personas que “usan páginas o aplicaciones donde se tiene que pagar una suscripción periódica”, que en la encuesta de 2020-2021, se ubicó en 51 por ciento. Es decir, en 2020-2021 alrededor de 38 millones de mexicanos vieron contenidos audiovisuales por los que se pagó, tal como los considera el IFT. Aunque el órgano regulador no reportó este dato para las encuestas de 2015 y 2016, conforme a los demás datos que sí se reportaron, me atrevo a afirmar que el número de mexicanos que consumen contenidos audiovisuales por Internet a cambio de una cuota periódica se multiplicó entre cinco y seis veces.
¿Por qué es relevante esto? Entre otras razones, porque nos habla de una forma de consumir contenidos audiovisuales que ya representa una porción importante de lo que estrictamente consideramos como el mercado de contenidos audiovisuales de paga o suscripción, en el que confluyen proveedores de televisión de paga tradicionales, proveedores satelitales, proveedores de servicios triple play, y desde luego, las plataformas digitales que suministran sus servicios a través de las redes públicas de telecomunicaciones.
Ahora bien, hasta ahora el IFT ha rehuido a reconocer al elefante en la sala, porque el suministro de contenidos audiovisuales por Internet, de suscripción periódica, encaja perfectamente en la definición del “Servicio de televisión y audio restringidos” que prevé el artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que señala que es el “servicio de telecomunicaciones de audio o de audio y video asociados que se presta a suscriptores, a través de redes públicas de telecomunicaciones, mediante contrato y el pago periódico de una cantidad preestablecida”.
Esto último no es menor, sobre todo con las disputas competenciales que sostienen el IFT y la Cofece por lo que hace a este servicio en específico. De la misma forma, por el análisis que el IFT se supone realiza en el contexto de la solicitud de América Móvil, hecha con base en un ardid legal que es la creación de una nueva empresa, de nombre Claro TV.
Lo anterior lo menciono porque al hacer un análisis integral del mercado de contenidos audiovisuales en México, los funcionarios del IFT podrán constatar que no estamos frente a un mercado con problemas de competencia para el que sea necesaria la entrada de un “buen samaritano” que prometa invertir mucho, aun cuando históricamente ha demostrado invertir menos de lo que debería. Estamos frente a un mercado en el que participan jugadores locales de mucho peso, sí, pero también jugadores globales con mucho mayor peso, como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, entre otros, cuyos servicios son ya objeto de regulación en diversos países.
De equivocarse en el enfoque para analizar el mercado, el grupo de América Móvil se convertirá en un obstáculo adicional para la competencia efectiva en nuestro país al provocar una reconcentración que afectará a todo el sector telecomunicaciones, exponiendo a los mexicanos a la presencia permanente de un Agente Preponderante, que no ha podido ser regulado de manera eficaz.