Hace un poco más de una semana tuve la oportunidad de leer algunos comentarios realizados por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el marco del Cuarto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, celebrado en Cancún. De manera particular, me llamó la atención lo señalado por el comisionado presidente del IFT, quien al referirse al cumplimento del regulador respecto del mandato que ese órgano regulador tiene como consecuencia de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de la ley federal de la materia, enfatizó que “no es una época de complacencias, sino de seguir cumpliendo para que los resultados sean permanentes”.
Al respecto, no puedo estar más de acuerdo. Ése es justamente uno de los objetivos relacionados con la creación de una autoridad autónoma cuyo propósito central es adoptar las medidas que resulten necesarias, conforme al marco legal, para que un mercado con distorsiones derivadas de su estructura de costos pueda funcionar “como si” estuviera en competencia, que es justamente el caso del sector telecomunicaciones. En efecto, una autoridad reguladora no debe adoptar sus decisiones para atender complacencias. Sin embargo, tampoco puede actuar suponiendo que su actuación es perfecta e inmaculada.
No se trata de defenderse de las críticas tratando de hacer ver que tales críticas tienen como propósito provocar que la autoridad sea complaciente con tal o cual operador de telecomunicaciones o de radiodifusión. En primer lugar, la autoridad reguladora debe aceptar que enfrenta un problema de asimetría en la información. De asimetría entre la información que tiene respecto de las distintas formas en que opera o se comporta el principal agente económico en el sector telecomunicaciones, y la información que ese mismo operador tiene sobre sí mismo. En el caso de México, el principal agente económico del sector telecomunicaciones es evidentemente América Móvil, que conforme a la Constitución fue declarado agente preponderante. Pretender hacer creer a la sociedad que el IFT cuenta con toda la información que se requiere para adoptar decisiones eficientes sería un grave error.
La asimetría en la información a la que me refiero es la que genera espacios para que, en nuestro caso, el agente preponderante busque sacar provecho de la posición de poder que le significa ser la red más extensa y con más accesos, tanto en servicios fijos como móviles, la red a la que todos los demás operadores necesariamente deben interconectarse si quieren representar una oferta seria para cualquier usuario.
En este contexto se inscriben los comentarios que prácticamente todos los operadores competidores de América Móvil hicieron en la consulta pública sobre la efectividad de las medidas de preponderancia que se impusieron a este agente económico en marzo del 2014. De esos comentarios resulta fácil identificar un común denominador: que hay distintas medidas en las que el agente preponderante no ha cumplido en tiempo y forma, afectando con ello las posibilidades de esos competidores de ofrecer en forma oportuna y en condiciones razonables distintos servicios a usuarios que habrían estado dispuestos a contratarlos con los segundos. No sólo eso, se desprende también que se trata de la conducta de siempre, la de no querer allanarse cabalmente a todas las disposiciones regulatorias.
Es muy preocupante que la autoridad reguladora considere este tipo de señalamientos como peticiones de complacencias, que de repente deslice comentarios haciendo ver que el problema está del lado de los competidores, no del que genera el problema. Ya hemos pasado por esas etapas, las del regulador incomprendido, los resultados nunca han sido buenos. Ojalá que el regulador no se distraiga en una dialéctica desgastante con los competidores.
