vía El Economista.
Los nuevos dictadores populistas del siglo XXI, aquellos que llegaron al poder por la vía democrática pero que usando las propias instituciones democráticas se dedican a desmantelarlas para concentrar un poder personal omnímodo, son muy dados a disfrazar como derechos de los ciudadanos lo que no es otra cosa que amplias atribuciones discrecionales para el régimen que encabezan.
Este es precisamente el caso de los eufemísticamente denominados “derechos de las audiencias”, que no son sino atribuciones discrecionales del gobierno para censurar, sancionar o sacar del aire programas de radio o televisión que pudieran ser incómodos para las intereses políticos del grupo en el poder.
El tema ha causado inquietud esta semana como consecuencia de la resolución adoptada el lunes por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objetivo fue limitar la injerencia del gobierno en la libertad editorial de los medios electrónicos de comunicación.
En contra de dicha reforma, un grupo de activistas ligados a los intereses de López Obrador y que hoy son funcionarios públicos de su gobierno, presentaron diversas demandas de amparo y cabildearon con senadores cercanos al obradorato la interposición de sendas acciones de inconstitucionalidad, cuyo objetivo era restaurar las atribuciones del gobierno para censurar a los medios de comunicación.
En un simpático tuit distribuido el lunes por la tarde por uno de estos grupúsculos afines al régimen, la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias se congratula por la resolución de la Corte y enlista los “derechos de las audiencias” que ellos defienden. Así, según sus propias palabras, los programas de radio y televisión deberán propiciar:
1) la integración de las familias;
2) el desarrollo armónico de la niñez;
3) el mejoramiento de los sistemas educativos;
4) la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 5) el desarrollo sustentable;
6) la difusión de ideas que afirmen nuestra unidad nacional;
7) la igualdad entre hombres y mujeres, y
8) la divulgación del conocimiento científico y técnico.
Suena muy bonito. ¿No? Es muy woke y políticamente correcto. Ahora analicemos. Integración de las familias ¿según quién?; mejoramiento de los sistemas educativos ¿según quién?; valores artísticos, históricos y culturales e identidad nacional ¿según quién?
Pues sí, en aras de protegerlo a usted como audiencia y dado que usted es un imbécil (a pesar de que tiene 50 canales de televisión, cien estaciones de radio y millones de contenidos e información a través de Internet), unos burócratas inmaculados cuyo propósito es servir a la felicidad humana, revisarán con cuidado que todos los programas de radio y televisión que usted oye y ve, cumplan con los “derechos de las audiencias”; siguiendo, eso sí, la siempre sabia visión de nuestro Amado Líder.
Además, si Carlos Loret no distingue con toda precisión y con campanitas qué es información y qué es opinión, estos comisarios de la verdad que se disfrazan en el eufemismo “defensores de la audiencia”, podrán solicitar a un comité constituido por tres burócratas, que ordene sacar del aire su programa. Ya sabe, todo lo hacen por usted, que es incapaz de distinguir lo que es información y lo que es opinión. A los ojos del régimen, usted necesita una nana porque no sabe lo que quiere y lo tienen que llevar de la mano.
Aunque aún no conocemos el engrose de la sentencia de la Corte, es muy probable que todo lo que he narrado llegue a ser parte de la ley vigente y obligatoria tan pronto se notifique la sentencia al Congreso de la Unión y se publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Usted cree que los personeros del obradorato que se alquilan como “defensores de las audiencias” se mandan solos?
Una nota histórica: así empezó a morir la libertad de expresión en Venezuela, cuando a Chávez le dio por ordenar qué se podía decir y qué no.
@gsoriag