2021.08.03
Vía El Economista
La semana pasada escribí en este espacio sobre la inminente discusión y votación que llevará a cabo el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en los próximos días sobre la posibilidad de permitirle al Agente Económico Preponderante en el sector telecomunicaciones (AEPT), América Móvil (AMX), la libertad de fijar las tarifas del servicio mayorista de acceso indirecto al bucle local en un número de mercados locales aún no establecido, pero que en principio el órgano regulador consideró podría abarcar 63 municipios conforme a un conjunto de criterios que definió de manera preliminar.
Como mencioné en la colaboración anterior, ese servicio mayorista que se supone debe ofrecer AMX a todos los operadores que se lo soliciten, en condiciones tales que el precio, calidad y oportunidad sean tales como se lo provee a sí mismo, para ofrecer el servicio a usuarios finales, resulta fundamental para dinamizar el mercado de banda ancha fija en nuestro país y contribuir a lograr condiciones de competencia efectiva en el sector telecomunicaciones como un todo.
Con el objeto de tomar su decisión, el IFT utiliza como referencia el caso de 4 países europeos, cuyo marco legal para enfrentar los problemas de competencia en el sector son muy distintos al de México, en primer lugar porque en esos países nunca se vieron orillados a adoptar un concepto como el de la “Preponderancia”, que el Poder Reformador de la Constitución se vio en la necesidad de introducir en nuestra carta magna en virtud del fuerte y sostenido problema de excesiva concentración en el sector telecomunicaciones.
Ese solo hecho debería invitarlos a revisar si esas referencias internacionales resultan útiles o aplicables en el contexto de la regulación de Preponderancia, que no es lo mismo que la regulación de poder sustancial en un mercado relevante, de manera central, porque la primera engloba a todo el sector telecomunicaciones y no admite la compartimentalización del sector para evaluar donde sí regular y dónde no.
Ahora bien, suponiendo que pudiera tomarse como referencia, el caso del Reino Unido, no puede dejar de señalarse que allá, el órgano regulador reconoce que el mercado de banda ancha en aquel país ha podido comportarse de manera positiva en gran parte porque se ha asegurado que los competidores del operador dominante, British Telecom (BT) hayan podido tener acceso de manera “más fácil y barata” a los ductos subterráneos y postería de este, algo que en México no se ha logrado, al grado que el IFT de plano tuvo que sancionar a Telnor, subsidiaria de Telmex, por no proveer la información suficiente sobre ese tipo de infraestructura.
Por otro lado, algún área en el IFT supone que las consecuencias negativas del inicio del desmantelamiento de la regulación de preponderancia, se pueden atenuar con el recurso de imponerle al AEPT la obligación de que sus tarifas desreguladas sean “replicables” por la competencia. La “replicabilidad” es un concepto que al IFT ya se le indigestó anteriormente, concretamente en marzo de 2014, cuando en lugar de prohibir expresamente la práctica tarifaria discriminatoria de Telcel conocida como “el efecto club”, tan perniciosa para la competencia, optó por exigirle que sus tarifas pasaran la prueba de la replicabilidad. Enfoque que por supuesto no funcionó, al grado que el Poder Legislativo debió prohibirla expresamente en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esa medida por sí sola fue la que introdujo una dinámica tarifaria en el mercado móvil no antes vista. Así que valdría la pena que el IFT reflexione si ahora sí podrá lidiar con el menos ágil y más tortuoso camino de la replicabilidad.
En fin, el andamiaje constitucional y legal que sostiene el concepto de la Preponderancia no permite interpretaciones como las que piensa adoptar el IFT, ojalá que no caigan en la trampa argumentativa del preponderante, como si lo hicieron otras autoridades en el pasado.