2019-03-29
La Secretaría de Gobernación (Segob), como uno de los reguladores de la radiodifusión, se encuentra en un periodo de análisis y acción para dar un cauce apropiado al combate de estaciones ilegales o piratas.
Hoy en día, la Segob ha implementado una coordinación interinstitucional con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Fiscalía General de la República, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Policía Federal, para trabajar en el desmantelamiento de este tipo de estaciones y combatir la ilegalidad.
Esta labor entre los diversos entes públicos coadyuva al trabajo del IFT, al que le corresponde imponer sanciones administrativas y el decomiso de los bienes. Pese a ello, siguen operando estaciones ilegales, de ahí que se justifique plenamente una actuación con mayor determinación que reduzca efectivamente las conductas ilícitas. Por ello la necesidad de incluir en el Código Penal un delito específico sobre el uso ilícito del espectro radioeléctrico o de recursos orbitales.
Es de esperarse que en este gobierno y con su mayoría en ambas Cámaras se logre el apego a la legalidad.
INTERFERENCIAS
Gran polémica ha causado la nueva directiva europea de contenidos audiovisuales en materia de derechos de autor, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo. Las críticas se centran en que las nuevas reglas acaban con la libertad en la red y que se afecta la economía digital; si bien aún falta la aprobación por el Consejo de los 28 países miembros y, en su caso, los ajustes en cada legislación nacional, el tema es por demás interesante.
El proyecto normativo va en el sentido de que los autores o creadores sean remunerados en forma justa y adecuada, por lo que se obliga a que las plataformas como Youtube, Google, Twitter o Facebook respeten el llamado derecho de autor, que se basa tanto en el derecho de autoría intelectual sobre la obra como en la justa remuneración por su reproducción.
También protege a las empresas informativas y periodistas para que puedan proteger mejor sus noticias difundidas en la red, que usualmente son reproducidas sin permiso y sin reconocer la autoría, incluso en algunos casos, los infractores se asumen como autores.
En nuestro país ya se dio un debate similar en 2014, con las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y a la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando se impusieron obligaciones de poner a disposición contenidos para su retransmisión, lo que de acuerdo con la ley, debe hacerse sin menoscabo de los derechos de autor que correspondan.
El debate no es menor, ya veremos cómo concluye el caso europeo.
