Ahora que se acerca el nombramiento por parte del senado de la República de quien habrá de ocupar el cargo de presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a partir del 11 de septiembre del 2017, las patadas debajo de la mesa son cada día más evidentes. Notas van y notas vienen en favor o en contra de algún comisionado.
A pesar de que Gabriel Contreras, actual presidente del IFT, ha manifestado en privado que no estaría interesado en su ratificación, es claro que figura como uno de los principales contendientes. En este contexto, vale la pena hacer un balance sobre su gestión que permita poner en perspectiva sus logros y sus yerros.
Sin lugar a dudas, Gabriel Contreras supo construir una institución sólida desde las cenizas de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), y hacerla una de las instituciones más respetadas del país. Es cierto que la Constitución y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) le otorgaron facultades y atribuciones con las que muy pocas autoridades cuentan, pero el trabajo administrativo de Contreras para materializarlas ha sido en verdad sorprendente. A pesar de los plazos perentorios establecidos en la Constitución, cumplió formalmente con todos, en una labor que debió implicar jornadas de trabajo interminables en uno de los sectores más combativos de la economía.
Ante la poca experiencia en el sector con la que contaba cuando asumió el cargo, Gabriel Contreras supo allegarse de gente experimentada y comprometida (en la mayoría de los casos), que le ha ayudado a atender la compleja agenda del sector. A mí me queda claro que es un hombre trabajador y un experto en administración pública. No obstante, los logros de su gestión para alcanzar condiciones de competencia equitativa en el sector telecomunicaciones han sido magros. A pesar de que la propaganda del IFT ha pretendido convencernos de que la reducción en los precios y la mejoría en la calidad de los servicios son atribuibles al trabajo del instituto, la realidad es que todas las medidas que han contribuido a mejorar las condiciones para el usuario fueron establecidas por el Congreso de la Unión en la LFTR. Cualquier análisis serio del mercado coincidirá en que la prohibición de que el preponderante (Telmex-Telcel) cobre por terminar llamadas en su red, la eliminación de la larga distancia nacional, la obligación de vender los teléfonos desbloqueados y la prohibición de que Telmex-Telcel cobren tarifas distintas dependiendo de si la llamada va dirigida a usuarios dentro de su red o a usuarios de otras redes, son los elementos esenciales que han incidido en la reducción de precios. Todos ellos fueron establecidos en la ley, y no por el IFT cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Se han hecho esfuerzos, es cierto, por tratar de obligar a Telmex-Telcel para que compartan su infraestructura y desagreguen su red local, pero han sido cuatro años de prueba y error, en los que las condiciones técnicas y económicas aprobadas por el IFT han sido inviables para los competidores, por lo que a pesar de estar vigentes las ofertas públicas de referencia, su uso por parte de los competidores ha sido raquítico o nulo.
El propio Telcel, en un desplegado reciente, reconoció que el precio promedio de voz en telefonía móvil es de 8 centavos de peso el minuto, cuando el IFT le autorizó cobrar a los Operadores Móviles Virtuales (es decir, en ventas al mayoreo) 11 centavos. Con este tipo de decisiones erradas, lo único que consigue el IFT es desplazar a los competidores y fomentar una mayor concentración por parte del preponderante.
Quizá la deficiencia más grave de la gestión de Gabriel Contreras sea su nula supervisión y sanción al preponderante. Los reportes de cumplimiento a las medidas de preponderancia emitidos por el IFT son prueba de ello. A pesar de las múltiples denuncias por parte de los competidores, el IFT no ha encontrado un solo incumplimiento que pueda ser atribuido a Telmex-Telcel.
Con independencia de la decisión que tome el Senado de la República, a Gabriel Contreras nadie le podrá quitar el mérito de haber construido en semanas un nuevo y sólido órgano constitucional autónomo del Estado mexicano.
