Eduardo Ruiz Vega
La Razón
Este lunes está programado el acto de promulgación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Después vendrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
A partir de este momento se detonará una ambiciosa agenda, sujeta a plazos concretos, cuyo cumplimiento demandará del trabajo y el esfuerzo de los tres Poderes de la Unión. El reto será, sin duda, mayúsculo.
La reforma establece la creación de dos nuevos órganos constitucionales autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Sustituirán, respectivamente, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la actual Comisión Federal de Competencia. Si bien estos órganos son “creados” por virtud de la reforma, será necesario que se proceda a su “integración”, es decir, en primera instancia, a la selección a través de un procedimiento sin precedente de los siete comisionados que integrarán sus respectivos órganos de decisión colegiada, o plenos.
Para tal efecto, el Comité de Evaluación creado ex profeso por la reforma con los titulares del INEGI, el Banco de México y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se instalará, emitirá convocatoria pública y realizará un procedimiento de calificación de candidatos que habrá de culminar en los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
El resultado será el envío de listas o ternas de candidatos al Ejecutivo federal, el cual a su vez seleccionará a los que consideré más aptos y los propondrá para la ratificación del Senado de la República. Una vez que el Senado ratifique los nombramientos, o que después de dos rechazos del Legislativo el Ejecutivo proceda a su designación directa, los órganos quedarán “integrados” y podrán iniciar funciones en plenitud.
** En paralelo. al proceso anterior, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma que será promulgada, el Congreso de la Unión habrá de discutir y aprobar una nueva ley convergente que regule las telecomunicaciones y la radio y televisión bajo un mismo ordenamiento, con la complejidad inherente a tal objetivo. También, deberán adecuar diversas leyes a la nueva realidad jurídica que normará el sector, como es el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Derechos de Autor, por mencionar algunos ordenamientos.
Antes de la “integración” de los nuevos órganos, las comisiones actuales deberán continuar sus labores bajo el marco jurídico vigente. Con posterioridad a la “integración”, con una estructura administrativa aún incierta en los nuevos órganos que deberá definirse con base en sus nuevas y amplias facultades, iniciará el proceso de adopción de medidas de gran calado como la declaratoria y regulación de agentes predominantes en el mercado, la desagregación efectiva de la red local del agente predominante en telecomunicaciones y la homologación a un régimen de concesiones únicas en telecomunicaciones y radiodifusión. Ello, sin descuidar procesos en marcha como la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, entre muchos otros procesos nuevos y heredados de las actuales autoridades.
Si existe alguna persona que crea que el desahogo de la agenda esbozada anteriormente será fácil, se equivoca. Existen muchos otros puntos y procesos que por razones de espacio no han sido abordados en esta colaboración. El aterrizaje de la reforma constitucional pondrá a prueba, sin lugar a dudas, la capacidad de coordinación y ejecución de las diversas instancias que conforman el Estado mexicano en este rubro fundamental para la economía nacional.
