Con la publicación de la nueva “Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre” en el Diario Oficial de la Federación, del pasado 11 de septiembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) formuló la última llamada para culminar con el proceso iniciado desde el 2004.
El proceso de digitalización de las señales de televisión radiodifundidas, inició mediante un acuerdo del Secretario de Comunicaciones y Transportes en el 2004. Esta política planteaba un escenario progresivo para culminar la transición con el llamado “apagón analógico” (fecha en la cual la televisión analógica debe cesar de operar), que se advertía posible a partir del año 2021.
No obstante lo anterior, como suele suceder, la política pública de transición digital fue modificada en forma y fondo. Durante la administración del Presidente Felipe Calderón, las autoridades del sector establecieron como prioridad absoluta concluir con las transmisiones analógicas en diciembre del 2015, es decir, al menos 6 años antes de lo originalmente programado.
Notable, para entender lo agresivo de este viraje, resulta el hecho de que en el planteamiento original el entonces Presidente de la República, ni siquiera estableció como requisito para “apagar” la televisión gratuita analógica el haberse alcanzado un nivel mínimo de penetración de la televisión digital entre la población.
Como resulta lógico, la línea marcada desde Los Pinos fue acatada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Estas autoridades intentaron imponer la realización del “apagón analógico” sin garantías de acceso a este servicio básico por parte de la población. Sin embargo, producto de la oposición de la sociedad y de la industria, a la postre se logró que las modificaciones a la política del 2004, publicadas en mayo del 2012, incluyeran como requisito para apagar haber logrado un 90% de penetración de la televisión digital.
Un año después la política volvió a cambiar, en esta ocasión producto de la reforma a la Constitución Política en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Nuevamente el Estado, en esta ocasión el Constituyente Permanente, decretó como fecha del “apagón analógico” el 31 de diciembre del 2015.
El reto que enfrentan, en su nueva asignación de responsabilidades, el regulador y la cabeza sectorial de la administración pública federal es mayúsculo. No se debe soslayar que, a pesar de la insistencia de sostener a ultranza una fecha fatal para llevar a cabo el “apagón analógico”, la poca experiencia práctica con que se cuenta dejó más preocupaciones que certezas. Me refiero a la experiencia del “apagón analógico” realizado en Tijuana, Baja California, y el descontentó social que generó en su momento.
En la próxima entrega analizaremos con mayor detalle la coyuntura en la que se da la nueva política de transición publicada por el Ifetel. También se intentará contrastar la “fecha fatal” con el derecho fundamental que hoy consagra nuestra Carta Magna el objeto de que la población reciba de manera continua este servicio público de interés general.
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