El jueves pasado, de gira por Colima, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (“SCT”), Gerardo Ruiz Esparza, realizó un anuncio monumental.
De la mano de la Secretaría de Desarrollo Social, la dependencia a su cargo adquirirá y entregará a las familias mexicanas aproximadamente 14 millones de televisores digitales de alta definición, con capacidad de conexión a Internet. La inversión de alrededor de 19 mil millones de pesos.
El anuncio del secretario Ruiz Esparza no se presenta en el marco de un programa asistencial. Obedece, como lo señaló el funcionario, a la responsabilidad encomendada al Ejecutivo federal por el Constituyente Permanente, para velar por el desarrollo y la conclusión de la transición de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre (“TDT”), proceso que inició mediante acuerdo de esa misma secretaría de Estado en 2004 y que posteriormente pasó a manos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.
La transición a la TDT es un proceso de valor social que implica la recepción de señales de audio y video asociado, de mejor calidad y gratuitas para la población mexicana. Es un proceso significativo, ya que beneficia a los estratos socioeconómicos de menores ingresos, que son los que consumen contenidos de toda índole, ya sea informativos, culturales o de entretenimiento, a través de las transmisiones que hasta hoy son mayoritariamente analógicas. Producto de la reciente reforma a la Constitución en esta materia, la recepción de estas señales por los mexicanos se ha catalogado como un “servicio público”.
La televisión radiodifundida es gratuita para la población, a diferencia de lo que sucede con otros medios de transmisión que permiten consumir contenidos audiovisuales, tales como la televisión de paga terrestre y satelital y, actualmente convergente de redes y servicios, cualquier plataforma de banda ancha, fija o móvil, que permita la conexión a la red de redes o Internet. Esta condición de gratuidad ha permitido a estos servicios de tecnología menos avanzada, haber alcanzado una cobertura cercana a la universalidad en todo el territorio nacional.
Originalmente la transición a la TDT se planteó a través de una línea de tiempo iniciada en el 2004 y para concluirse, de manera natural, a partir del 2021. Sin embargo, durante la administración de Felipe Calderón se persiguió, rayando en la obsesión, la necesidad de concluir este proceso seis años antes, es decir el 31 de diciembre del 2015. Después de litigios y del experimento llevado a cabo en Tijuana, en donde la televisión analógica tradicional se “apagó” para limitar las transmisiones que recibe la población al formato digital, en medio de problemas y descontento social, la nueva responsable de este intrincado proceso, la SCT, ha optado por entregar televisores de alta definición y no decodificadores y antenas, como se hizo en Tijuana.
Algunas voces han señalado, con tinte de crítica, que lo que está haciendo la SCT no tiene antecedentes en el concierto internacional. Tal vez esto sea cierto y tal vez obedezca a situaciones particulares de cada país. Lo cierto es que, antes de apagar la televisión analógica, compete al gobierno federal asegurarse de que la población esté en aptitud de recibir la TDT en sus hogares.
La TDT no engloba a otras tecnologías como las que se utilizan en la televisión de paga o el acceso a Internet, ya que las mismas imponen a la población el pago de una suscripción a favor de los concesionarios que las ponen a su disposición. Por ello las tecnologías que impactan al presupuesto de las familias mexicanas, no deben, ni pueden, verse como substitutos de la radiodifusión en términos de lo que establece la Ley Fundamental.
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