Eduardo Ruiz Vega/ La Razón.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) está en plena operación. Integrado hace aproximadamente seis semanas, el Ifetel tiene ante sí una nutrida y compleja agenda de responsabilidades. Poco a poco, durante este breve periodo, la maquinaria del instituto, basada en la estructura y la experiencia de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), adquiere movimiento propio.
De manera similar a lo que ocurre a niños y adolescentes con el crecimiento, las articulaciones del Ifetel van a doler durante este proceso de consolidación y definición de un perfil propio. El grado del dolor dependerá en buena medida de la actitud que asuman los siete comisionados designados por el presidente Enrique Peña Nieto y ratificados por el Senado de la República, de cara a las presiones propias de un sector económico que genera pasiones y apetitos de diversa naturaleza.
El Ifetel ha sido dotado de todas las herramientas legales que en su momento le fueron negadas a la Cofetel. Ello no quiere decir que su uso esté exento de viejas presiones y tentaciones. Como ejemplo notable de esta realidad, podemos citar la reciente reasignación de atribuciones en torno al proceso de transición a la televisión digital terrestre, conocida como TDT, que sorpresivamente fue cedida por el Ifetel a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El caso de la TDT no debe soslayarse. Si de algo había certeza durante la etapa de dualidad entre la SCT y el viejo regulador de las telecomunicaciones, la extinta Cofetel, es que el órgano regulador se había convertido, desde abril de 2006, en la autoridad exclusiva en materia de radio y televisión de señal abierta y gratuita. Hoy, sin embargo, en la primera etapa de la nueva realidad institucional y jurídica producto de la reforma constitucional que dio origen al Ifetel, nos encontramos con una nueva dualidad en este sector que podría anunciar el inicio de la creación de un nuevo régimen de dobles o triples ventanillas.
Poco importa si el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere autonomía plena al Ifetel; en los hechos, esa autonomía debe ejercerse y defenderse. Incluso por vía de la controversia constitucional.
Las reflexiones contenidas en párrafos anteriores, estimo, son en extremo pertinentes. En las próximas semanas las intepretaciones institucionales respecto del alcance del decreto de reformas constitucionales conformarán el nuevo mapa de asignación de facultades entre las instancias públicas que fungirán como autoridades en el sector.
Ante la ausencia de la denominada ley convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, dichas interpretaciones pueden tornarse caprichosas. Lo que no debe perderse de vista al realizar este ejercicio es la prospectiva de la incidencia que este reacomodo tendrá en este sector regulado.
El Ifetel nació en plena adolescencia. Su paso a la edad adulta se tendrá que dar de manera acelerada. Por ello el perfil que sus titulares impriman a esta nueva institución marcará en buena medida el éxito de su existencia, misma que se convirtió en uno de los ejes que motivaron este ambicioso cambio constitucional. Esperemos que este momento de definiciones represente una oportunidad para un cambio estructural que redunde en bienestar para la población mexicana.
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