A mediados de agosto próximo, entrará en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo texto fue publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de julio.
A pesar de lo inusualmente explícita que fue la reforma constitucional que precedió a la nueva ley, el contenido de este ordenamiento convergente (ya que une a las materias de telecomunicaciones y de radio y televisión) ha generado mucha expectativa por diversas razones. La más simple de ellas, es lo profuso de su articulado: 315 artículos extensos y complejos en su mayoría, seguidos de 45 disposiciones transitorias.
Un aspecto en torno al cual se especula regularmente, consiste en imaginar cómo y qué tan rápido cambiará la geografía del mercado mexicano de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, en términos de la presencia de nuevos prestadores de servicios en ambos. De entrada, desde la Constitución misma, el cambio legislativo intenta promover no sólo la presencia de entes privados en el mercado, como venía sucediendo desde las privatizaciones llevadas a cabo en la década de los noventa, sino fomentar la existencia de operadores de corte público y social.
Hoy sabemos, ya que se establece en las disposiciones transitorias de la reforma constitucional, que habrán de existir tres nuevas cadenas de televisión radiodifundida a nivel nacional, dos privadas cuyas frecuencias actualmente se encuentran en un proceso de licitación y una pública, denominada como Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a ser perfeccionada a partir de lo que se conoce como Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA).
En la radiodifusión sonora que actualmente opera en las frecuencias de amplitud y frecuencia modulada (AM y FM), desconocemos si el Estado, a través del nuevo sistema de radiodifusión, intentará desplegar una cadena nacional. Lo cierto es que, a la luz de las nuevas disposiciones en la materia, se puede anticipar el nacimiento de nuevas estaciones de índole local, tanto sociales como públicas, ya que su habilitación no precisa de la celebración de una licitación pública. Un reto al cual se enfrenta el regulador encargado de administrar el espectro de nuestro país, es balancear la existencia de las nuevas emisoras con las actuales, al tiempo de continuar el proceso de digitalización de esta actividad.
En el ámbito de las telecomunicaciones el panorama que ofrece la ley es más incierto. Sabemos que el Estado regresa a operar directamente redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales, con el propósito primigenio de elevar la penetración de la banda ancha entre la población mexicana. También, que el eterno monopolio ha propuesto “voluntariamente” perder ese estatus que durante años ha defendido a capa y espada. De la evolución de estos procesos dependerá en buena medida la nueva geografía del mercado. Al tiempo.
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