El sector de las telecomunicaciones, incluido el de la radio y televisión, continúa esperando la definición de las reglas básicas que habrán de delinear el futuro de la prestación de servicios en un ambiente de plena convergencia. La semana pasada concluyó sin la presentación formal de la iniciativa de legislación secundaria “convergente” en esta materia.
La convergencia de redes y servicios no es un tema nuevo, de hecho, ha formado parte recurrente en los documentos programáticos elaborados por las autoridades de nuestro país desde hace más de una década. Este fenómeno debe entenderse como la posibilidad técnica para prestar distintos tipos de servicio de voz, datos y video, a través de una misma plataforma de transmisión.
En los hechos, la convergencia es hoy una realidad asequible para un sector creciente de la población. Sin embargo, la mayoría de nuestros compatriotas aún dependen de los servicios analógicos radiodifundidos para recibir y consumir contenidos informativos, culturales y de entretenimiento. Resulta evidente, a la luz de la realidad descrita, que las políticas públicas deben atender, en forma paralela, diversos objetivos tendientes al fin común consistente en brindar a todos los mexicanos servicios multimedia de vanguardia en el menor tiempo posible. El equilibrio entre estas políticas y sus medidas asociadas, sin embargo, no será sencillo.
Un ejemplo actual que puede ilustrar la problemática inherente al equilibrio de políticas públicas, podría ser el relativo a la fecha acelerada para el denominado “apagón analógico”. Si se analiza de forma aislada, el propósito de apagar la televisión analógica a finales del año entrante, puede entenderse como un paso necesario para la modernización. Sin embargo, el mismo análisis, a partir de una perspectiva más amplia, podría arrojar que esta medida podría resultar violatoria de derechos fundamentales de los mexicanos en caso de que la penetración de la televisión digital terrestre, en la fecha del cese de transmisiones analógicas, no haya alcanzado un carácter universal.
El concepto tradicional de televisión en nuestro país ha cambiado en las décadas recientes, aunque en nuestras mentes sigue asociado al aparato por medio del cual se reciben noticieros, telenovelas, películas y programas en vivo. La población más joven, principalmente los niños y adolescentes, han iniciado un proceso de migración de su consumo de contenidos a otro tipo de pantallas, como las computadoras y las tabletas. En otro rubro, la población de mayores ingresos, gracias a la posiblidad de acceder a servicios de banda ancha, ha iniciado, de igual forma, una modificación de sus patrones de consumo de contenidos en plataformas alternas a la televisión líneal, como son los servicios de video bajo demanda que proveen empresas como Netflix.
Esta evolución, disponible para una minoría de los mexicanos, se ha realizado, hasta ahora, en un ambiente normativo dispar y desactualizado de cara a esta realidad innegable. Por una parte, la Ley Federal de Radio y Televisión emitida en 1960 y, por la otra, una Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 que, a pesar de sus postulados modernos y pro-competitivos, careció de una visión prospectiva clara respecto de la nueva realidad multimedia presente hoy en el mercado mexicano.
El Ejecutivo y el Legislativo han decretado la necesidad de un cambio integral en las reglas del juego, a partir de las cuales se multiplicarán las opciones en pantalla disponibles en el mercado. La clave radica en lograr que esta nueva pantalla multifuncional, ubicable en cualquier dispositivo con capacidad multimedia, sea fijo o móvil, gratuito o de paga para el usuario, pueda llegar a todos los mexicanos independientemente de su ubicación geográfica y condición socioeconómica.
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