Eduardo Ruiz Vega/ La Razón
La decisión anunciada hace unos días por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“Ifetel”), consistente en la cancelación de las licitaciones públicas encaminadas a la adquisición e instalación de antenas y decodificadores necesarios para continuar la transición de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre (“TDT” ), tomó por sorpresa a propios y extraños. Sin duda, los personajes más sorprendidos fueron los que han coreado con fuerza las bondades de contar con un órgano constitucional autónomo, el Ifetel, encargado de manera integral de la regulación y marcha de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en el país.
La sorpresa, a la luz de la razón primordial argumentada, está plenamente justificada. El Ifetel adujo falta de atribuciones para continuar con el proceso, derivada de su carácter de órgano constitucional. Es decir, al ser elevado a este prestigioso club de instituciones, al que pertenecen señaladamente el Instituto Federal Electoral y el Banco de México, el novel instituto interpretó que la conducción de la transición a la TDT, al involucrar a la administración pública federal, debe conducirse desde el sector central.
Sin afán de demeritar los pormenores del análisis estrictamente jurídico que realizaron los señores comisionados del Ifetel con el auxilio de sus áreas técnicas para arribar a esta conclusión, es pertinente señalar, con extrañeza, el hecho de que una facultad exclusiva de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (“Cofetel”), confirmada hasta la saciedad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya sido transferida al Ejecutivo Federal por virtud de la reforma constitucional.
Como en ocasiones anteriores, la dualidad de autoridades en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión ha propiciado el inicio de un proceso de ingeniería en reversa del cual habrán de derivarse sorpresas y rebalanceo de atribuciones y facultades. Antes, este recurrente ejercicio se daba entre las unidades administrativas centrales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y su órgano desconcentrado, la Cofetel. A partir de la reforma constitucional, la ingeniería en reversa y sus consecuencias se realizará con base en otros matices, como son la autonomía constitucional versus la concepción del ámbito de facultades de los Poderes de la Unión.
La decisión en torno a un aspecto aparentemente administrativo, como es la adquisición de antenas y decodificadores de televisión digital, es emblemática. El mensaje que está recibiendo la sociedad en general, y la industria en lo específico, es que faltan muchas definiciones para estar en aptitud de leer el nuevo mapa institucional derivado de la reforma constitucional. A partir de ahora se leerá con mayor cuidado la naturaleza jurídica misma otorgada al regulador de las telecomunicaciones, así como el alcance de trámites aparentemente inocuos como la opinión técnica no vinculante que en materia de concesiones corresponde a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes rendir al Ifetel.
¿Nuevas reglas o ingeniería en reversa? Ya lo veremos…
Twitter: @ruizvegamex
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