Eduardo Ruiz Vega | La Razón | 18 de junio de 2012
Finalmente, después de meses, la Comisión Federal de Competencia (COFECO) autorizó la concentración consistente en la capitalización de deuda en el capital social de Grupo Iusacell por parte de Grupo Televisa, operación que en caso de concretarse, convertirá a Grupo Televisa en accionista titular del 50 por ciento del capital social del operador móvil.
La autorización para llevar a cabo la operación descrita está sujeta, sin embargo, a la aceptación de condicionamientos diversos que no se relacionan con el objeto de Grupo Iusacell, es decir el mercado móvil de servicios de telecomunicaciones, sino con “potenciales riesgos” que fueron advertidos por el órgano antimonopolios en “mercados relacionados”, a la sazón la difusión de publicidad y contenidos en redes de televisión abierta y restringida.
La resolución bajo análisis y escrutinio de las empresas involucradas y de la sociedad, es producto de un proceso complejo que inició hace más de un año con la solicitud de autorización de la concentración y que finalizó, en el ámbito administrativo, con la resolución del recurso de reconsideración que plantearon Grupo Iusacell y Grupo Televisa en contra de la negativa inicial emitida por la COFECO.
Las críticas relativas a la forma en que se autorizó la concentración de forma condicionada, no se han hecho esperar, de parte de propios y extraños. De hecho, se han presentado consistentemente a lo largo de este proceso. Dejando de lado la agenda específica de cada uno de los críticos, incluyendo las partes en la operación, resulta innegable que se privilegió el principio no jurídico, sino político, de que la “forma es fondo”, por encima, inclusive, del principio de derecho que reza en el sentido de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” y no al revés.
Me explico: la operación, legal y financieramente, busca capitalizar a una empresa que participa en un mercado perfectamente definido, mercado en el que Iusacell tiene una participación menor (de alrededor del 5 por ciento) respecto del principal proveedor de servicios, Telcel, que tiene el 70 por ciento del total del mercado.
Catalogar esta operación, pasando por alto su objeto y naturaleza, como una especie de Caballo de Troya que persigue intenciones en otros mercados como la difusión de publicidad y contenidos en televisión abierta y restringida, carece de lógica material y jurídica, ya que la situación de dichos mercados, por cuestionable que resulte para algunas voces, no cambia ni se modifica en forma alguna por virtud de esta operación.
La capitalización de deuda en Iusacell, implícita y expresamente, es eso: la conversión de pasivos en capital social y con ello la posibilidad de continuar con planes de financiamiento para la expansión de infraestructura y el fortalecimiento de sus operaciones. Tal vez por sentido noticioso, tal vez como parte de una estrategia, se ha mencionado recurrentemente que esta operación significa una fusión de grupos empresariales, en este caso de Grupo Televisa y Grupo Iusacell o inclusive entre el primer grupo y Grupo Salinas. Esto no es así, ni en forma ni en fondo.
En este sentido, no deja de llamar la atención que los condicionamientos a que se sujeta la resolución de la COFECO se dirijan prácticamente en su totalidad a mercados o actividades ajenos a la vocación de Iusacell. En fin, ya lo dijo el Comisionado Presidente Eduardo Pérez Motta, las empresas involucradas habrán de decidir si aceptan o no estos condicionamientos.
La gran duda (o esperanza) que se deriva de este precedente, radica en el tratamiento regulatorio que darán de ahora en adelante las autoridades al grupo empresarial que concentra el 70 por ciento de los mercados de servicios móviles y fijos, conjuntamente con el 80 por ciento de los accesos de banda ancha. Ya veremos si la regulación será proporcional a esta concentración irrefutable de mercado, así como el trato que le darán a sus “mercados relacionados”.