Eduardo Ruiz Vega
La Razón
El espacio aéreo que se utiliza para transmitir señales de telecomunicaciones de voz, datos y video, se denomina espectro radioeléctrico. Es un bien escaso, propiedad de la Nación, en el cual se han desarrollado desde hace décadas infinidad de servicios que sirven a la población.
En el espectro operan las redes de radio y televisión de señal abierta o radiodifusión, las radiocomunicaciones como la telefonía móvil y, asociado a las órbitas y posiciones satelitaltes, es el espacio en donde se desarrolla la comunicación vía satélite.
El uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico es vital para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la economía en su conjunto. De ahí que el viraje en la política relativa a su administración que subyace a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, haya generado tanta polémica en las últimas semanas.
En un inicio, antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el espectro se asignaba en forma directa y no del todo transparente. Posteriormente, al amparo de este marco legal, se determinó que el espectro para fines de prestación de servicios a los usuarios, es decir comercial, fuese otorgado a los particulares mediante licitaciones públicas transparentes que conllevaron al otorgamiento de concesiones en la materia.
Así se han desarrollado las redes públicas de telecomunicaciones que hoy operan en el mercado mexicano. Sin embargo, un cambio importante está por acontecer, del cual aún no puede medirse su impacto real.
La reforma constitucional señala que el Estado regresará al modelo de operador de redes de espectro. Se habla, concretamente, de la creación de una gran red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, misma que pretende ser instalada utilizando al menos 90 MHz de las frecuencias que se encuentren disponibles en la banda de 700 MHz.
Esta medida llama la atención por diversos factores. El primero, ya señalado, es el regreso del Estado en su carácter de operador y de empresario que, como todos sabemos, no ha probado ser muy eficiente en el pasado. Se ha dicho que el despliegue de esta red “compartida” puede realizarse con inversión pública y privada, y que la idea es que ningún operador la controle.
También, que operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y a precios competitivos. Lo cierto es que muchos de los recursos para la instalación de esta red, que se espera entre en operación antes de que concluya 2018, deberán contenerse en previsiones aprobadas por la Cámara de Diputados y por lo tanto su naturaleza será estatal.
Por ello, el segundo aspecto es de gran relevancia y consiste en determinar el impacto que esta decisión podría tener en la industria, al privarse a las redes que han sido desplegadas bajo una lógica distinta de uno de los insumos más valiosos para continuar su desarrollo hacia nuevas generaciones de servicios inalámbricos.
Si queremos continuar el desarrollo del mercado de servicios inalámbricos de nuestro país con una competencia vigorosa, el nuevo marco legal debe considerar estas cuestiones y resolverlas de tal manera que se garantice la disponibilidad de frecuencias para el desarrollo de las redes actuales que impulsan el crecimiento del sector año con año.
