Eduardo Ruiz Vega
Los cimientos ya están en su lugar. Como lo señaló el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su participación en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, el año que inicia será el de la edificación. Energía, Telecomunicaciones, Radio y Televisión, Competencia Económica y la Reforma Político-electoral, figuran como las asignaturas centrales de todas las agendas legislativas de los grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Unión. No hay marcha atrás.
La coyuntura, sin duda positiva e histórica, será también una encrucijada. El entramado de actos que deben combinarse y sucederse es en extremo complejo. Desde la revelación de la ambiciosa agenda del Pacto por México se planteó este panorama. Sin embargo, este mecanismo transita por una crisis. Por ello, ante el rompimiento de la estructura de su Consejo Rector, será fundamental, en las próximas semanas, entender cuál será el Poder de la Unión que asuma la conducción de este trascendente proceso. No será una labor sencilla, quien asuma este papel tendrá que jugar en varias pistas a la vez, como un DJ que combina música hasta lograr la mezcla perfecta.
En este cruce de caminos se ubica, en orden de importancia primigenio por su jerarquía, la emisión de las normas legales denominadas legislación secundaria. En materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, por ejemplo, actualmente se navega sin brújula. La expectativa incumplida de emitir la legislación en 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, plazo que feneció el pasado 9 de diciembre, dejó a este sector vital en un estado temporal de indefinición.
No obstante lo anterior, para hacer este cruce de caminos más desafiante, la reforma constitucional mandató la ejecución de actos fundamentales para el porvenir del sector. Entre éstos, el más importante es la declaratoria y emisión de la regulación asimétrica que será aplicable a los denominados agentes económicos preponderantes. La entrada en vigor de esta regulación ha sido un caro anhelo desde que, en junio de 1995, se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, la falta de herramientas legales y los litigios lo han impedido, con el resultado por todos conocidos: el poder monopólico del binomio Telmex/Telcel persiste y se percibe más fuerte que nunca.
En todo el mundo, el operador existente antes de la apertura a la competencia, conocido como incumbente, fue regulado de manera asimétrica para permitir el desarrollo de un entorno competitivo. En México, esta regulación se quedó trunca. La regulación asimétrica incorporada al título de concesión de la otrora paraestatal Teléfonos de México, en 1990, hace años que no responde a las necesidades del país. Por ello, Telmex y Telcel, concentran el mercado en cifras que resultan escandalosas a nivel internacional. El 9 de marzo, a más tardar, el órgano regulador creado por la reforma a la Carta Magna deberá, sin excusas ni pretextos, regular a este grupo económico y con ello emparejar finalmente el terreno de la competencia.
Las dudas no giran en torno al ¿Qué, Cómo o Cuándo? Todo ello está definido. La atención se centra en la profundidad, grado y firmeza con la que actuará el Instituto Federal de Telecomunicaciones en las próximas semanas, al definir, a los pocos meses de su integración, el perfil que lo habrá de caracterizar durante toda su existencia.
