Eduardo Ruiz Vega/ La Razón
No hay plazo que no se cumpla: el próximo 9 de diciembre fenecerán los 180 días naturales que el Poder Legislativo federal, erigido como columna vertebral del Constituyente Permanente, se autoimpuso para adecuar nuestro marco jurídico a efecto de instrumentar la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
Hoy, gracias al espacio ofrecido por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, en la denominada Semana de la Radio, sabemos, a ciencia cierta, que la obligación antes señalada no será cumplida. La razón más evidente, como atinada y elocuentemente lo señaló Javier Lozano Alarcón, senador de la República y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara alta, es que los 180 días naturales no respondían a la complejidad que implica la adecuación legal necesaria para llevar a puerto, de manera transparente, sopesada y discutida, una reforma constitucional de esa proporción.
Ahora bien, más allá del incumplimiento del plazo referido, situación que difícilmente generará consecuencias legales adversas, existe otra noticia trascendente derivada de este encuentro. Los poderes Ejecutivo y Legislativo federales se comprometieron, abiertamente y sin cortapisas, a escuchar a todos los interesados, incluyendo, de manera señalada, a los industriales que han invertido durante décadas en este sector. Enhorabuena. Las autoridades federales se han comprometido para que este cambio trascendente en materia política, económica y social se discuta de cara a la sociedad mexicana. Siempre he pensado que no podría ser de otra manera.
El gesto honesto consistente en reconocer un error de cálculo no debe ser soslayado. Mucho menos el compromiso manifiesto de sacrificar la forma por el fondo. Este ejemplo debiera ser tomado en cuenta por los arquitectos de las reformas estructurales que se listan en el documento del Pacto por México, para generar una cultura de la prevención. Los plazos incumplibles son aspiracionales y no así la situación de incertidumbre que genera la falta de claridad en los periodos transitorios para el cambio legislativo de todo un sector.
Si bien es cierto que el compromiso de apertura y diálogo es bienvenido, también lo es que la labor del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), será más compleja por la falta de diligencia y previsión al no establecerse en el decreto de reformas constitucionales un régimen transitorio de aplicación de leyes diáfanamente claro.
– Mensaje Corto. Durante la Semana de la Radio, el licenciado Tristán Canales Najjar, de manera unánime, fue confiado con un periodo más al frente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. El resultado de la votación es tan sólo un reconocimiento a su destacada labor gremial.
Otro distinguido abogado, el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como el Vocero Presidencial.
Felicidades a ambos.
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